Wilson Ruiz, candidato al Senado por el partido Salvación Nacional, acusó al Gobierno nacional de inacción tras recibir amenazas de muerte por parte del Frente 33, disidencias de las Farc, y reclamar medidas urgentes para su protección. La denuncia fue hecha el domingo 1 de marzo, luego de que Ruiz fuera declarado objetivo militar por alias Calarcá y constató que, a cuatro días de su denuncia, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Ruiz afirmó que, aunque la Fiscalía se comunicó con él, no ha habido acciones concretas para garantizar su seguridad, lo cual considera inadmisible en presencia de amenazas provenientes de grupos armados ilegales que intentan influir en el proceso democrático.
El exministro de Justicia recordó su historial de lucha contra el crimen organizado, destacando que durante su gestión firmó más de 430 extradiciones a Estados Unidos y tomó medidas firmes contra el narcotráfico y el terrorismo. Desde su perspectiva, estas amenazas buscan amedrentarlo y detener su participación en el Congreso, pues representan una respuesta a su labor en defensa del Estado social de derecho.
Ruiz dirigió un enérgico llamado tanto al presidente Gustavo Petro como al ministro del Interior, Armando Benedetti, exigiendo que implementen «medidas inmediatas, efectivas y necesarias» para protegerlo a él y a otros candidatos amenazados por organizaciones criminales. Aseguró que su postura contra la impunidad no cederá y reiteró que la protección de los aspirantes en los procesos electorales es un deber constitucional del Estado colombiano.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se tomarían acciones inmediatas tras la denuncia de Ruiz, indicando que su solicitud sería evaluada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía y el Ejército, en línea con las medidas aplicadas a otros candidatos en esta contienda electoral. Ruiz concluyó afirmando su compromiso con la defensa del proceso democrático y advirtió que no serán silenciados por amenazas, reafirmando su identidad como senador y defensor del Estado de Derecho.
