El líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, presentó una demanda por S/ 8.6 millones contra el Estado peruano ante la Corte Superior de Justicia de Junín. La acción legal fue interpuesta esta mañana por su madre y apoderada legal, Bertha Rojas López, con asistencia del abogado Julián Palacín, y busca compensar daños morales, lucro cesante y daños emergentes derivados de la supuesta anulación de dos sentencias condenatorias relacionadas con los casos del aeródromo Wanka y el saneamiento de La Oroya.
Según el expediente, la demanda contempla S/ 7.5 millones por daño moral y afectaciones al proyecto de vida de Cerrón, además de S/ 1 millón por lucro cesante y S/ 100 mil por daño emergente, junto con intereses y costas judiciales. La defensa del político argumenta que estas acciones buscan reparar las consecuencias que, aseguran, limitaron su ejercicio profesional como médico y docente, además de su participación en la política y aspiraciones presidenciales.
El abogado Julián Palacín declaró a Tedateo.pe que la acción busca responsabilizar a las instituciones públicas por las decisiones judiciales que, considera, afectaron injustamente a Cerrón, demandando una indemnización de S/ 8.6 millones.
Las instituciones demandadas son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General, representados por sus respectivas procuradurías. Por su parte, Bertha Rojas acusó en entrevista a Tedateo.pe que existe una presunta persecución política y judicial en contra de su hijo, argumentando que jueces y fiscales incompetentes imposibilitan su participación en la vida política.
Rojas expresó que la situación afecta tanto a Cerrón como a la política peruana en general, señalando que su campaña presidencial enfrenta grandes obstáculos debido a su condición legal. Además, afirmó que la demanda busca restaurar los derechos y el honor del líder de Perú Libre, a quien describe como víctima de un proceso judicial injusto y prolongado.
La madre del político también resaltó que la imposibilidad de Cerrón de participar en campaña y su prolongada inhabilitación representan una forma de guerra jurídica y judicialización política, causando daños morales y psicológicos a toda la familia.
Palacín, por su parte, sostuvo que este caso evidencia una problemática estructural en el sistema judicial peruano y que todos los ciudadanos tienen derechos constitucionales que deben ser defendidos mediante acciones civiles, como la denuncia por responsabilidad civil del Estado.
Finalmente, Rojas indicó que no solo Cerrón, sino muchos políticos y personas en situación similar, enfrentan injusticias y deben exigir la libertad y justicia, advirtiendo que en su lucha busca despertar conciencia sobre las vulneraciones de derechos en el país.
