Un video de 14 minutos, que circula en redes sociales, revela agresiones físicas, amenazas y interrogatorios por parte de militares a un joven en Peribán, Michoacán, ocurrido el 16 de febrero de 2026. En la grabación, se observa cómo elementos de las Fuerzas Armadas, integrantes del operativo conocido como Plan Michoacán, someten y torturan a un hombre en un local de máquinas tragamonedas, con el objetivo de forzar una declaración sobre su presunta relación con grupos criminales.
En la grabación se muestra que los militares rodean y agresan al encargado del establecimiento, quienes le lanzan amenazas y lo golpean en varias ocasiones, incluyendo golpes en la cabeza, bofetadas, rodillazos y golpes con una tabla de madera. Durante el operativo, uno de los agresores, con el rostro cubierto, señala en tono amenazante: “Somos la muerte”. Además, se le pregunta si está halconeando, y posteriormente el joven es golpeado y arrojado contra una máquina tragamonedas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó que el caso fue turnado al Ministerio Público para su investigación, y que los militares implicados forman parte de un convoy del Plan Michoacán, desplegado en una región marcada por presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y conflictos por extorsiones y control de máquinas tragamonedas. Peribán, en particular, ha sido foco de operativos militares y enfrentamientos entre grupos delictivos, que además se dedican a extorsionar a productores agrícolas.
Las autoridades mexicanas han intensificado en los últimos tres años las operaciones contra mini casinos y máquinas tragamonedas, asegurando y destruyendo más de 3,300 dispositivos en diversos municipios como Morelia, Uruapan, Apatzingán y Zitácuaro. Solo en febrero de 2026, se decomisaron y destruyeron 803 máquinas, cuyo ingreso mensual para los grupos criminales supera los 9.8 millones de pesos, dado que cada aparato puede generar hasta 12 mil pesos mensuales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la presencia de estas máquinas en farmacias, tiendas de abarrotes y otros comercios responde a esquemas de extorsión, donde los comerciantes son obligados a mantenerlos operando, pagar electricidad y tolerar su presencia bajo amenazas constantes. Estas acciones, además del impacto económico, refuerzan el control de los grupos criminales en la región.
Este incidente y las acciones contra las máquinas tragamonedas evidencian la lucha de las autoridades mexicanas para desmantelar las fuentes de financiamiento del crimen organizado en Michoacán, en un contexto de seguridad marcada por la presencia del CJNG y la disputa por territorios y recursos ilícitos.
