La sede del Gobierno Regional del Callao se encuentra en medio de una tensión marcada por la disputa institucional que involucra a la vicegobernadora Evita Vargas y el alcalde Ciro Castillo. En la noche de este miércoles, la vicepresidenta regional permanece en el interior del edificio, según confirmaron fuentes de Panamericana Televisión, en un contexto de incertidumbre política, resguardo policial y expectación sobre los próximos pasos.
La presencia prolongada de Vargas en la sede oficial responde a una jornada de enfrentamientos que inició temprano, cuando Ciro Castillo intentó ingresar al recinto con la finalidad de retomar su cargo, siendo impedido por las fuerzas de seguridad. Este hecho ocurrió en medio de un debate judicial, pues el Poder Judicial revocó la prisión preventiva contra Castillo, abriendo la discusión sobre su posible reincorporación en funciones.
Desde el entorno de la autoridad interina, se aclaró que Ciro Castillo no puede ingresar en condición de autoridad, pero se le permitiría el ingreso como ciudadano. La decisión final sobre su reincorporación corresponde al Consejo Regional del Callao, órgano competente según la normativa vigente, que también debe resolver la suspensión de la gobernadora interina, un asunto pendiente y con poca claridad respecto a su fecha de deliberación, ante la recomendación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de convocar urgentemente una sesión.
Mientras tanto, el escenario político y administrativo se mantiene en incertidumbre, sin información sobre cuándo se realizará la próxima sesión del Consejo para abordar ambos temas. En las calles aledañas al edificio regional, los policías mantienen un resguardo constante, debido a la aglomeración registrada en horas de la mañana, que llevó a suspender la atención al público para garantizar la seguridad.
Las medidas de seguridad permanecen y podrían intensificarse o repetirse en las próximas horas, ya que hay convocatorias para que Ciro Castillo intente ingresar nuevamente a la sede del Gobierno Regional. Desde dentro del gobierno regional, se sostiene que las decisiones deben cumplir con la legalidad y que ninguna resolución debe tomarse bajo presiones externas o mediante ingreso forzado, reiterando el rol del Consejo Regional en determinar la situación administrativa y política de las autoridades implicadas.
