La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el viernes un proyecto de ley de amnistía que busca liberar a cientos de detainees por motivos políticos, incluyendo líderes opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. La iniciativa, que será tramitada con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional, pretende sanar heridas y reorientar la justicia y la convivencia en el país, según afirmó Rodríguez en una reunión transmitida por la televisión estatal y dirigida a jueces, ministros y altos mandos militares.
Esta medida, demandada por la oposición y respaldada por Estados Unidos, forma parte de una serie de concesiones implementadas por Rodríguez desde que asumió el poder en enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas. Entre los anuncios también destaca el cierre de la cárcel del Helicoide en Caracas, donde organizaciones de derechos humanos han documentado torturas y abusos. El edificio se convertirá en un centro social, comercial, deportivo y cultural para las comunidades cercanas.
Familiares de presos y defensores de derechos humanos siguieron la noticia en las afueras de la prisión, donde algunos manifestaron su esperanza y otros expresaron su frustración por la lentitud en las liberaciones. Juana Chirinos, tía de un detenido, expresó su emoción: “Dios es bueno. Dios nos escuchó”.
Por otro lado, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, señaló que estas medidas responden a la presión internacional y criticó que muchos presos políticos llevan más de veinte años en prisión, mientras que otros denunciaron la persistencia de un aparato represivo brutal.
Según el informe del Foro Penal, desde el 8 de enero se han liberado más de 700 presos políticos, aunque aún hay más de 11,000 personas con restricciones arbitrarias de libertad. Entre los detenidos recientes se encuentran el exlegislador Freddy Superlano, el abogado Perkins Rocha y el exgobernador Juan Pablo Guanipa. La propuesta de Rodríguez contempla una amnistía que abarque desde 1999, excluyendo delitos graves como asesinato, narcotráfico, corrupción o violaciones severas a los derechos humanos.
Las familias de los detenidos y organizaciones de derechos humanos han expresado su inconformidad por la lentitud en las excarcelaciones y por la falta de transparencia en el proceso, reiterando que la amnistía no debe ser interpretada como un indulto, sino como un paso hacia la verdad y la reparación. Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, advirtió que un proceso de liberaciones justo debe incluir a toda la sociedad civil y no convertirse en un mecanismo de impunidad.
Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado confirmó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y anunció la llegada de Laura Dogu como nueva jefa de la diplomacia en Caracas. Además, Edward Ocariz, liberado tras más de cinco meses en prisión, se unió a familiares de otros presos para exigir la pronta excarcelación de todos los detenidos injustamente. "Todo lo que hemos sufrido ha sido injusto y ha vulnerado nuestra dignidad. Nadie merece esto, y los culpables siguen gobernando en Venezuela", señalaron los familiares.
