Vecinos de la colonia Santa Elena en Chimalhuacán, Estado de México, han vivido más de cuatro meses sin acceso al agua potable en sus hogares, situación que ha agravado la crisis social y sanitaria en la zona. A pesar de las denuncias y protestas, las autoridades municipales aún no han proporcionado respuestas claras, lo que ha incrementado la desesperación de la comunidad. Debido al corte prolongado, muchas familias han tenido que comprar pipas privadas, con costos que superan los 1,000 pesos por una carga de 10,000 litros, una cantidad que representa el ingreso semanal de los sectores más vulnerables. Los residentes y activistas critican la gestión del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), señalando prácticas ineficientes, respuestas tardías, mantenimiento deficiente y una clara priorización de zonas en detrimento de otras, reflejando un abandono gubernamental. En los últimos meses, los habitantes han realizado manifestaciones, bloqueado vialidades y exigido la normalización del suministro. Datos del INEGI indican que más del 35% de los hogares en Chimalhuacán enfrentan irregularidades en el servicio de agua, una de las cifras más altas en la región del Valle de México y un reflejo de una crisis estructural. La problemática se agrava por fugas en la red hidráulica y el desperdicio de agua potable, evidenciando el deterioro de la infraestructura y las deficiencias en mantenimiento. Este problema se inscribe en un contexto nacional donde un porcentaje significativo de hogares urbanos no recibe agua de forma continua, enfrentando cortes frecuentes y servicios irregulares, debido a fallas en planificación y financiamiento. La falta de agua impacta la higiene, la salud pública y la vida cotidiana de las comunidades, que se ven obligadas a racionar el recurso y enfrentan riesgos sanitarios. Las autoridades locales continúan sin ofrecer soluciones acordes a la magnitud de la crisis.
