La Cancillería de Uruguay anunció la venta de residencias diplomáticas en Washington, Lima y Madrid como parte de una estrategia de ahorro en el gasto exterior. Esta medida, informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca optimizar recursos y generar fondos que puedan destinarse a la modernización y mantenimiento de otras instalaciones oficiales. La decisión fue adoptada por instrucciones del canciller Mario Lubetkin y forma parte de un plan que incluye cambios en la gestión de recursos en todas las embajadas del país.
Las residencias en Madrid, ubicada en Paseo del Pintor Rosales 28, en el barrio Argüelles, y valorada al cierre de enero en torno a USD 4,830 por metro cuadrado, se venderán para reducir costos. Igualmente, las residencias en Lima, ubicada en San Isidro con un precio estimado de USD 2,750 por metro cuadrado, y la sede en Washington, cercana a la Casa Blanca, están en la lista de propiedades a ser enajenadas.
El objetivo es que, tras la venta, los embajadores en estos países alquilen viviendas y los fondos obtenidos puedan usarse para mejorar otras instalaciones y gastos operativos. El proceso también contempla la reestructuración en el gasto de las embajadas, incluyendo la reducción de personal en áreas como limpieza y cocina, y la fusión de partidas presupuestarias relacionadas con arrendamientos, contrataciones y mantenimiento, en un esfuerzo por contener gastos.
No obstante, las medidas han generado inquietud entre algunos diplomáticos, como explicó Diego Cánepa, embajador en Buenos Aires, quien señaló que la reducción de personal y recursos podría afectar el funcionamiento de las residencias y actividades oficiales. En respuesta a estas preocupaciones, la Cancillería ha modificado la normativa, permitiendo originalmente un máximo de una persona para tareas domésticas en residencias alquiladas, y elevando a tres en las propiedades estatales, con la finalidad de mantener sus operatividad.
Este proceso de ahorro refleja un contexto de restricciones presupuestales y decisiones estratégicas para optimizar los recursos del Estado en el ámbito diplomático, en un momento en que Uruguay busca fortalecer su gestión financiera en el exterior.
