El gobierno de Uruguay anunció oficialmente la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, tras detectar irregularidades relacionadas con las garantías ofrecidas por la empresa en la compra de dos patrulleras oceánicas. La decisión fue comunicada por el presidente Yamalú Orsi el pasado viernes, luego de que se concluyera que las garantías de cumplimiento presentadas por la empresa eran fraudulentas. Uruguay había desembolsado aproximadamente 30 millones de dólares, casi un tercio del total acordado por las embarcaciones.
Este proceso se enmarca en un contexto político marcado por las diferencias entre el actual gobierno de coalición de izquierda Frente Amplio y la administración centroderechista de Luis Lacalle Pou. La adquisición de las patrulleras, considerada estratégica para la soberanía marítima del país, generó amplias críticas desde que se inició el proceso en 2021, cuando el llamado a licitación quedó inicialmente desierto. La empresa Cardama, con sede en Vigo, fue seleccionada en 2023 por el Ministerio de Defensa Nacional, encabezado por Javier García.
Desde el inicio, el Frente Amplio acusó irregularidades en el proceso de compra, y las críticas persistieron tras la llegada del nuevo gobierno en 2023. En octubre pasado, Orsi anunció la rescisión del contrato tras confirmarse que la garantía de cumplimiento presentada por Cardama era falsa, además de presentar una denuncia penal contra la empresa.
Las investigaciones incluyeron auditorías externas, como la realizada por Bureau Veritas, que certificó que la calidad de la construcción era satisfactoria pero que existían retrasos importantes que imposibilitarían la entrega en los plazos pactados. También se detectó que la garantía de reembolso presentada por la empresa no correspondía a una póliza legítima, sino a un documento con términos y condiciones.
Tras recopilar estos elementos, Orsi convocó a una conferencia donde anunció cuatro medidas principales: la rescisión del contrato por incumplimientos graves, acciones legales para recuperar patrimonio del Estado y daños, investigaciones para determinar responsabilidades y la búsqueda de nuevas opciones para adquirir patrulleras oceánicas. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó que el gobierno prioriza la compra de patrulleros oceánicos para fortalecer la soberanía nacional, y ya se mantienen reuniones con varias alternativas.
La oposición criticó duramente la decisión del gobierno. El exministro Javier García calificó la medida como parte de una estrategia política para debilitar gestiones anteriores, señalando que el gobierno busca destruir proyectos vinculados a Lacalle Pou, como la adquisición de patrulleras, el puerto y otros recursos estratégicos.
