El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador anunció una reducción del 57.47% en su plantilla laboral, según su Memoria de Labores 2024-2025, con el objetivo de modernizar y optimizar su estructura en preparación para las elecciones del 28 de febrero de 2027. La reorganización busca crear un equipo más compacto, centrado en perfiles estratégicos y en procesos internos eficientes, para responder a los avances tecnológicos y garantizar mayor transparencia.
Este proceso de ajuste incluyó la actualización de las herramientas digitales del organismo, como la renovación del correo institucional, la modernización de los sistemas de oficina y la mejora del sitio web, con el fin de facilitar la comunicación y el acceso a información para ciudadanos y empleados. Pese a contar con menos personal, el TSE aseguró mantener su operatividad y mejorar resultados.
El recorte en la plantilla responde a la necesidad de priorizar áreas clave ante el reto de realizar por primera vez, en 2027, tres procesos electorales simultáneos: elecciones presidenciales, legislativas y municipales, unificados por la reforma constitucional aprobada en 2025. Esta consolidación demanda una logística compleja, que requiere una coordinación precisa en recursos humanos, materiales y tecnológicos para evitar retrasos y errores.
El presupuesto total de los comicios será de 172.1 millones de dólares, con 46.7 millones destinados al voto en el exterior, resaltando la importancia de garantizar la participación de la diáspora salvadoreña. Además, reforzar la seguridad y transparencia en los procesos, tanto internos como en el extranjero, es una prioridad. El fortalecimiento de los sistemas tecnológicos, la protección de datos y la prevención del fraude son fundamentales para mantener la confianza ciudadana.
La actualización del padrón electoral, que integra datos de diversas instituciones, será clave para asegurar la participación efectiva de todos los habilitados, incluidos los residentes en el exterior. También, la reforma constitucional de 2025 modificó plazos, procedimientos y reglas en la inscripción de candidaturas, lo que obliga al TSE a adaptarse a nuevos marcos legales bajo supervisión pública y con recursos ajustados.
En materia de anticorrupción, el TSE ha implementado el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo la Norma ISO 37001, desarrollando políticas, procedimientos y canales seguros para denunciar irregularidades, además de capacitar a su personal en gestión de riesgos y cláusulas antisoborno en contratos institucionales.
La institución ha fortalecido la colaboración con el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Ministerio de Hacienda, la Junta de Vigilancia Electoral y organismos internacionales. Esta cooperación facilita el intercambio de datos, la coordinación de recursos y la garantía de seguridad jurídica y técnica en cada etapa. Según el informe del TSE, su compromiso con la transparencia, la innovación y la comunicación social será determinante para realizar unas elecciones libres, modernas y confiables en 2027.
