¿Te imaginas pagar más por un concierto porque ahora podrás llevar tu propia comida y bebida? Esta es la preocupación que ha despertado en la industria cultural peruana la aprobación de un dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de Perú.
Este proyecto, impulsado por la congresista Katy Ugarte, busca que los asistentes puedan ingresar alimentos y bebidas a los recintos donde se realizan conciertos. Sin embargo, los empresarios del sector advierten que esta medida podría impactar gravemente en el modelo de financiamiento de los eventos musicales.
Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, explica que la venta de alimentos y bebidas representa una fuente significativa de ingresos para los organizadores. Según él, permitir que los asistentes ingresen comida y bebida automáticamente aumentaría en un 30 a 35% el precio de las entradas. ¿Por qué? Porque estos recursos ayudan a cubrir costos como pagos al personal, proveedores, artistas y logística.
El impacto no se limita a los ingresos por ventas en el lugar. Dolorier también señala que la rentabilidad de un concierto depende de ingresos colaterales, como el alquiler de locales. Por ejemplo, un local de moda puede costar, solo por un fin de semana, aproximadamente 60,000 soles. Si la propuesta de permitir comida y bebida sin restricción se convierte en ley, los empresarios tendrán que trasladar esos costos a los espectadores, subiendo aún más el precio de entrada.
Por ello, Dolorier anunció que, ante la posible aprobación de la norma, los empresarios planean recurrir a un equipo de abogados constitucionalistas para detenerla. Desde la asociación consideran que esta medida va en contra de los intereses del sector de conciertos en Perú.
Por su parte, Doris Espinoza, presidenta del sector Cultura y Espectáculos de la Cámara de Comercio de Lima, cuestionó las verdaderas intenciones detrás de la iniciativa. Ella acusó que la propuesta parece un movimiento populista, de carácter preelectoral, diseñado para ganar simpatía política. Espinoza agrega que, en un contexto electoral, estas medidas pueden ser un arma para llamar la atención y captar votos, ya que el sector cultural y de espectáculos tiene un gran volumen de público y un impacto visible durante las campañas.
La dirigente también lamenta que el Congreso no haya realizado una discusión técnica con los actores involucrados antes de avanzar con esta propuesta. La ley aún no está aprobada por completo. Para que sea oficial, debe ser evaluada, debatida y votada en el pleno del Congreso de Perú.
Mientras tanto, el sector sigue en alerta y mantiene su rechazo formal. La discusión continúa generando tensiones entre quienes promueven la ley y los representantes de la industria cultural. Lo que está en juego son posibles consecuencias económicas para tanto organizadores como asistentes, quienes podrían ver incrementados sus costos en futuros conciertos.
