El sindicato Dinspro anunció que podría convocar un paro nacional de los escoltas tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en rechazo a la reforma laboral impulsada por los decretos 019 y 020 del Ministerio del Interior, que modificarían la planta de personal de la entidad. La medida podría afectar la protección de aproximadamente 12,000 personas, incluyendo líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.
La advertencia del sindicato se produce en medio de un proceso de cambio estructural en la UNP, que incluye un ingreso mediante concurso abierto y modificaciones en la estructura jerárquica, generando preocupación entre los trabajadores. Eduard Mendoza, presidente de Dinspro, precisó que están preparados para recurrir a acciones de protesta si la autoridad continúa con la implementación del decreto, incluso advirtiendo sobre posibles vías de hecho.
La crisis sindical surge ante cambios que, según denuncian, afectan derechos laborales fundamentales y excluyen a miles de escoltas de la vía formalización. Mendoza señaló que los decretos derogan artículos esenciales sobre la cobertura laboral, lo cual dejaría fuera del proceso a casi 12,000 escoltas tercerizados, en lo que califican como una "masacre laboral".
El sindicato también criticó la forma en que se implementan las reformas, argumentando que el manual de funciones no refleja adecuadamente las responsabilidades de los escoltas y que el artículo 5 de la normativa permite que cualquier ciudadano pueda competir por cargos de protección, desplazando a empleados con años de experiencia.
Además, la exigencia de títulos profesionales para ciertos puestos, como los grados 15 y 18 de oficiales de protección, reduciría significativamente las posibilidades de participación de muchos escoltas, afirman. También denunciaron que el director de la UNP podría nombrar más de 7,200 cargos de manera discrecional, sin concurso público, con el objetivo de ampliar la planta de personal a través de designaciones a dedocracia.
El sindicato expresó que, aunque aún no tiene pruebas específicas de irregularidades, la falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un diálogo participativo generan inquietud. Anunció que presentará demandas ante el Consejo de Estado, argumentando que los decretos vulneran derechos laborales y el debido proceso.
Haciendo un llamado a instancias superiores como el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, Dinspro reclamó mayor participación en la discusión y una transición laboral clara, advirtiendo que el conflicto podría escalar y convertirse en uno de los enfrentamientos institucionales más relevantes del año, con repercusiones directas para la protección de personas vulnerables en todo el país.
