Un juez penal de conocimiento condenó a Enny Yuberley Bohórquez Rincón a 44 años de prisión por su participación en el asesinato del líder social José Luis Hernández Rodríguez, ocurrido durante un asalto en Yopal, Casanare, en septiembre de 2024. La Fiscalía halló evidencia que vincula a Bohórquez Rincón con el homicidio y el hurto de una cadena de oro a Hernández, quien era dirigente comunitario en la vereda El Aracal.
Según informes oficiales, Hernández fue interceptado por un grupo de hombres mientras salía de una joyería en el centro de Yopal. Autoridades señalaron que la víctima, que portaba una cadena de oro, fue seguida por el grupo en un vehículo y atacada en la intersección, donde le arrebataron la joya a la fuerza. En ese momento, Hernández fue baleado y resultó gravemente herido.
Testigos presenciaron cómo los agresores huyeron en una motocicleta conducida por Bohórquez Rincón, alias 'El Mueco', quien fue detenido en el lugar horas después. Hernández fue trasladado a un centro médico en Yopal y luego enviado a un hospital en Bogotá, donde falleció 43 días después, en noviembre de 2024.
El perfil de la víctima, resaltado por Indepaz, destaca su labor como líder comunal en El Morro, advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en la región. La investigación, que contó con videos de cámaras de seguridad, testimonios y declaraciones de Hernández, permitió identificar y procesar a los responsables.
En audiencia realizada en marzo de 2026, el juez condenó a Bohórquez Rincón por homicidio, hurto calificado, fabricación y porte ilegal de armas, además de otras conductas relacionadas con el crimen. La condena incluye 44 años de prisión y 240 meses de inhabilitación para funciones públicas. Otros implicados continúan siendo investigados.
La situación de líderes sociales en Casanare y en otras regiones del país continúa siendo vulnerable, con riesgos alimentados por el control social y las amenazas de grupos armados, como advirtió Indepaz. En recientes actuaciones, la Fiscalía también judicializó a cuatro presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalados de amenazas y presiones contra familias en la zona.
