¿Hasta dónde llega la justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en Perú? La suerte del exministro del Interior, Daniel Urresti, pende de un hilo tras la audiencia del pasado jueves 29 de enero, donde la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria deliberó sobre un importante pedido de nulidad y apelación que podría cambiar su condena.
Urresti fue condenado a 12 años de prisión en 2025 por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, en Ayacucho, durante uno de los episodios más oscuros del conflicto armado interno peruano. Sin embargo, ahora su defensa busca revertir esa sentencia, alegando que el proceso constitucional y legal debería haber concluido en 2008.
Durante la audiencia, los magistrados escucharon los argumentos de la defensa, encabezada por Miguel Ángel Soria, quien cuestionó la aplicación de la Ley 32107, norma que define los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Soria argumentó que la resolución judicial de primera instancia, que dejó sin efecto esa ley, vulnera el principio de legalidad y que mantener a Urresti en prisión viola sus derechos.
La defensa también solicitó la prescripción del proceso, la nulidad de lo actuado y, en consecuencia, la libertad inmediata del exministro. Pero la fiscalía, representada por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, sostiene que no procede esa prescripción, dado que los delitos en cuestión están ligados a violaciones graves a los derechos humanos, y por tanto, no pierden vigencia penal con el tiempo.
Por su parte, la parte civil y defensora de los derechos humanos refuerzan que este caso es emblemático en la lucha contra la impunidad y la libertad de prensa, resaltando la importancia de juzgar con justicia hechos que aún protegen su vigencia histórica y social.
Este proceso pone sobre la mesa una tensión fundamental: ¿Debe prevalecer la lucha contra la impunidad o la protección de las garantías constitucionales y principios de legalidad? La defensa insiste en que los principios de prescripción y legalidad deben respetarse, mientras que la fiscalía y la parte civil reivindican la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
El caso de Hugo Bustíos fue un episodio brutal en noviembre de 1988, cuando el periodista realizaba su trabajo en Ayacucho, en un escenario marcado por la violencia política. Urresti, en ese entonces jefe de Inteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa, se ha convertido en uno de los personajes centrales en uno de los capítulos más oscuros del conflicto.
La condena y el futuro judicial de Urresti representan una encrucijada que refleja la difícil lucha por justicia y derechos en Perú, enfrentando los valores de la legalidad, la memoria histórica y la lucha contra la impunidad.
