La exfuncionaria Sandra Ortiz, quien fue consejera presidencial para las Regiones en Colombia, continúa en prisión preventiva tras una serie de fallos judiciales que han rechazado sus solicitudes para obtener la libertad. Ortiz, vinculada a un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha visto cómo en la Corte Suprema de Justicia se le han negado en tres ocasiones consecutivas las peticiones presentadas por su defensa. La última negación ocurrió el 18 de febrero, cuando la Sala Laboral ratificó su detención y rechazó su recurso de amparo por vencimiento de términos, manteniendo así su situación jurídica actual. Desde su vinculación en el proceso, Ortiz ha sido acusada por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, y ha permanecido detenida en la Escuela de Carabineros en Bogotá. La fiscalía la considera pieza clave en una presunta red de corrupción que involucraba recursos desviados y repartidos entre funcionarios públicos y particulares. La defensa ha intentado diversas estrategias legales, incluyendo solicitudes de libertad por vencimiento de términos, acciones de hábeas corpus y pedido de preclusión del proceso. Sin embargo, estos recursos han sido sistemáticamente rechazados por las autoridades judiciales, que argumentan que las pruebas en su contra siguen siendo suficientes y que aún no se cumplen las condiciones para liberarla. Además, Ortiz solicitó acceso a informes financieros de terceros relacionados con el caso para demostrar su inocencia, pero estas peticiones también fueron desestimadas. En entrevistas públicas, la exfuncionaria ha reconocido la existencia de investigaciones en su contra y ha manifestado su voluntad de colaborar con la justicia, solicitando un principio de oportunidad para aportar información. Sin embargo, sus acciones legales en los tribunales han sido contradictorias, y la justicia mantiene firme su decisión de mantenerla en prisión preventiva. La situación de Ortiz continúa en revisión, en un contexto donde la defensa busca acreditar la insuficiencia de pruebas y vulneraciones a sus derechos fundamentales, sin que hasta ahora hayan logrado revertir su situación procesal.
