¡Una revolución en la gestión de bienes públicos ya está en marcha en el Estado de México! ¿Te imaginas que los muebles viejos, computadoras obsoletas y vehículos en desuso puedan convertirse en recursos para la comunidad? Pues pronto será posible, gracias a la reciente autorización del Congreso mexiquense.
¿De qué se trata exactamente? La legislación aprueba un programa anual de deschatarrización de bienes inservibles a nivel estatal y municipal, promovido por el Poder Ejecutivo, específicamente a través de la Oficialía Mayor. La idea es sencilla pero potente: reducir gastos en almacenamiento, mantenimiento y cuidado, y, en cambio, obtener ingresos vendiendo estos objetos en desuso.
La diputada local Arleth Stephanie Grimaldo Osorio explicó que todo se hará bajo estrictas medidas de control. Se dará de baja todo lo que ya no tenga utilidad para el servicio público, desde pupitres, computadoras, maquinaria, hasta vehículos. ¿Por qué? Porque, a pesar de que legalmente todo debe mantenerse inventariado, en realidad estos bienes solo representan costos: pagos por renta de bodegas, personal de seguridad y otros gastos que solo generan gastos, no beneficios.
¿Y qué pasará con estos objetos? La idea es darles un proceso jurídico para desincorporarlos, ponerlos en venta y así generar recursos que podrán destinarse a programas participativos, donde la ciudadanía decida en qué invertir estos recursos.
Actualmente, los entes públicos deben cuidar todos sus bienes, sin importar su estado, destinando recursos en bodegas y personal para su protección. Pero esta ley busca cambiar eso, permitiendo vender como chatarra lo que esté en mal estado, sea obsoleto, tenga más de 10 años, y que se encuentre guardado en bodegas, terrenos o espacios gubernamentales.
Excepciones importantes incluyen los bienes en buen estado y en uso, incluso si tienen más de 10 años, siempre que no tengan reclamaciones, garantías pendientes o materiales peligrosos que puedan afectar a la población o al medio ambiente.
Para cambiar el destino o uso de bienes de dominio público, las dependencias deben solicitarlo justificadamente ante la Oficialía Mayor o los ayuntamientos, presentando un dictamen técnico. Todo esto forma parte de las reformas a la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios, buscando modernizar la gestión patrimonial y optimizar recursos públicos.
¿Listos para ver un Estado de México más eficiente y rentable? La chatarra podría convertirse en patrimonio para toda la comunidad.
