El 16 de febrero, integrantes de Somos MX entregaron formalmente su propuesta de reforma electoral a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, en un encuentro realizado en el recinto legislativo. Emilio Álvarez Icaza, activista y representante del grupo, destacó la importancia del momento y expresó que la reforma busca construir consensos y fortalecer la institucionalidad electoral del país.
Durante la reunión, Álvarez Icaza comentó que la iniciativa pretende evitar la participación del crimen organizado en las urnas y corregir prácticas que generan desigualdad, como candidaturas con recursos ilegales. Insistió en la necesidad de una autoridad electoral sólida, creíble y con autoridad suficiente para defender la pureza del proceso democrático.
El representante también señaló la percepción de que la configuración legislativa actual refleja una "representación espuria" y criticó la falta de auténtica voluntad popular en el proceso legislativo pasado, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.
Además, en el ámbito técnico, Leonardo Valdés Zurita, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), propuso lineamientos para fortalecer la autonomía y la imparcialidad del órgano electoral. Entre sus recomendaciones, destacó mejorar la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dotar de herramientas a los consejeros electorales para garantizar su independencia y definir con precisión el alcance del órgano interno de control del INE.
Valdés Zurita subrayó la importancia de proteger las decisiones del Consejo General frente a posibles acusaciones y de garantizar recursos suficientes para la operación de los órganos electorales.
Previamente, el 11 de febrero, el Frente Amplio Democrático entregó a López Rabadán una solicitud formal para abrir un diálogo público sobre la reforma electoral, advirtiendo que la negación al debate podría representar un retroceso democrático. María José Gómez Mont y Demetrio Sodi destacaron que la reforma electoral no solo afecta a los aspirantes a cargos públicos, sino que impacta a toda la población, particularmente a las nuevas generaciones, y advirtieron que limitar la autonomía de los organismos electorales sería un atentado contra la democracia mexicana.
