¿Alguna vez te has preguntado si las apariencias de renovación en un municipio esconden algo más oscuro? En Ixtapaluca, Estado de México, esa duda se vuelve realidad. Lo que parecía ser un plan para modernizar la flota vehicular municipal, podría ser en realidad una elaborada red de saqueo.
Desde hace tiempo, patrullas y camionetas aparecen solo para las fotos oficiales. Después, simplemente desaparecen. Lo sorprendente es que, en realidad, estas unidades nunca habrían sido compradas. Todo indica que se trata de contratos de arrendamiento temporal que, lejos de beneficiar a los habitantes, drenaron recursos públicos sin dejar un solo bien patrimonial en las arcas del municipio.
El nombre que a todos les suena en las denuncias es el de Rodolfo Chávez, director de Administración municipal. Fuentes internas aseguran que él sería el principal beneficiario de este esquema ilícito. Según la información recabada, Chávez habría utilizado prestanombres para arrendar vehículos al propio Ayuntamiento, lo que abriría la puerta a conflictos de interés, abuso de funciones y daño patrimonial.
Y lo más grave: este esquema no habría sido posible sin la omisión o complicidad del presidente municipal, Felipe Arvizu. Durante la primera administración, los contratos de arrendamiento alcanzaron cifras tan elevadas que, en muchos casos, el municipio habría pagado más del doble del valor real de los vehículos, según precios de mercado.
Al finalizar cada ciclo, los vehículos se devolvían a los proveedores y, en el proceso, el municipio quedaba sin activos y con las arcas vacías. Muchas de estas unidades, de marcas de baja calidad mecánica, comenzaron a fallar rápidamente. Varias terminaban abandonadas en talleres, desvalijadas, o fuera de circulación. A pesar de esto, los contratos seguían siendo inflados, una clara muestra de corrupción administrativa, según expertos.
Pero la situación se vuelve aún más preocupante cuando se trata de patrullas de seguridad pública. La proyección es que, al terminar el actual gobierno de Felipe Arvizu, Ixtapaluca podría quedarse sin vehículos policiales, poniendo en riesgo la seguridad de miles de habitantes. Arrendar patrullas, advierten analistas, compromete la continuidad operativa y podría dejar a la población vulnerada.
Además, la asignación de estos vehículos en el ayuntamiento se realiza de manera arbitraria y selectiva. Funcionarios cercanos a Rodolfo Chávez, familiares y aliados políticos se pasean en las mejores camionetas, mientras áreas clave carecen de transporte para cumplir sus funciones. El resultado: servicios públicos caóticos y un sistema donde unos pocos se benefician a costa del pueblo.
Según la Auditoría Superior de la Federación, los contratos de arrendamiento sin estudios de costo-beneficio representan una de las principales causas de daño patrimonial en los municipios. En el Estado de México, más del 40% de las observaciones graves corresponden a adquisiciones y servicios inflados, una tendencia que encaja con las denuncias en Ixtapaluca.
La indignación entre los habitantes crece día a día. Muchos exigen auditorías inmediatas, investigaciones penales y sanciones contra Rodolfo Chávez y Felipe Arvizu. Para ellos, este esquema no sería una simple mala gestión, sino un acto de corrupción descarada, mientras la inseguridad, el rezago y el abandono siguen avanzando en su comunidad.
