El sistema de pensiones en Colombia, especialmente el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Shares), enfrenta una serie de cambios impulsados por el Gobierno que han generado un impacto significativo en pensionados, afiliados, aseguradoras y las finanzas públicas. El incremento del salario mínimo y una modificación en los parámetros de cálculo de las rentas vitalicias son las principales medidas que han marcado esta tendencia, calificadas por fondos privados como uno de los mayores desafíos desde hace décadas.
En 2025, el salario mínimo legal se situó en 1.423.500 pesos, y para 2026 fue establecido en 1.750.905 pesos. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esta regulación, argumentando que el Gobierno no justificó adecuadamente el aumento, que en realidad representa un incremento real cercano al 18%, muy por encima de la inflación registrada del 5.1%. La Asociación Colombiana de Administradoras del Fondo de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) advirtió que este ajuste significa el mayor aumento en medio siglo, afectando las condiciones de cotización y pensión de los colombianos.
Adicionalmente, una reforma técnica en los parámetros que emplean las aseguradoras para calcular las rentas vitalicias elevó el costo actuarial de estas pensiones, pasando de aproximadamente 350 millones de pesos en 2025 a cerca de 550 millones en 2026, con un aumento del 57%. Esto obliga a los ahorradores a incrementar sus aportaciones en alrededor de 200 millones de pesos para alcanzar su pensión, lo cual implica mayores periodos de cotización o, en algunos casos, la imposibilidad de pensionarse en las condiciones previas.
El seguro previsional, que cubre invalidez y sobrevivencia durante la jubilación, también se ve pressionado. La prima de este seguro, legalmente limitada al 3% de la cotización obligatoria, actualmente alcanza el 2.63%, quedando cerca del límite superior. Si esta tendencia continúa, las aseguradoras podrían sobrepasar este tope, poniendo en riesgo la cobertura de más de 19 millones de afiliados.
El sector asegurador en Colombia, que ha reducido su competencia de nueve a solo tres empresas en pocos años, enfrenta una concentración que debilita su resiliencia. Como consecuencia, más de 115,000 personas podrían verse afectadas en el corto y mediano plazo, incluyendo 12,400 individuos que tendrían que postergar sus pensiones vitalicias, algunos hasta por 20 años, debido a la imposibilidad de cumplir con los requisitos de capital.
Asimismo, unas 72,600 personas podrían experimentar reducciones de hasta el 50% en sus mesadas, en promedio, bajando de 3.4 millones a menos de 2 millones de pesos mensuales. Otros 20,000 afiliados quedarían sin la opción de migrar a una renta vitalicia por no cumplir los nuevos requisitos. Estas medidas, sumadas a las recomendaciones de expertos y gremios, generan una discusión sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la necesidad de ajustes regulatorios que eviten la erosión del ahorro de millones de trabajadores, además de reducir los riesgos para las finanzas públicas y las aseguradoras.
