El debate sobre la reforma laboral más ambiciosa en cincuenta años en Argentina se intensificará en febrero de 2026, centrando la atención en la transformación del sistema de relaciones laborales y la búsqueda de soluciones a sus principales disfunciones. Este proceso, que nació de un diagnóstico profundo y un debate en el Pacto de Mayores, busca modernizar un régimen laboral obsoleto y reducir la judicialización en la resolución de conflictos.
La reforma introduce cambios en aspectos vinculados con materias impositivas y fiscales, además de regular condiciones generales para 'trabajadores sin empleador', un fenómeno que se ha intensificado en el país, donde solo el 25% de la población económicamente activa trabaja en relación de dependencia. La regulación de los trabajadores de plataformas digitales también se ha avanzado, siguiendo modelos existentes en países vecinos, con el objetivo de ofrecer mayor protección a uno de los sectores más dinámicos desde la pandemia.
Entre los nuevos derechos, destaca la incorporación de la igualdad de oportunidades en el acceso y promoción profesional para evitar el 'techo de cristal' que limita el crecimiento laboral de las mujeres. Asimismo, la reforma plantea mecanismos más ágiles para la indemnización por fallecimiento, permitiendo pagos en un plazo de 30 días y una mayor transparencia en la nómina de familiares beneficiarios.
Una de las modificaciones más relevantes permite que los trabajadores que firmen acuerdos extintivos no pierdan el subsidio por desempleo, siempre y cuando hayan cumplido con sus aportes, y reduce significativamente los tiempos de espera para el pago de créditos alimentarios, limitando las demoras actuales que pueden extenderse hasta cinco años.
A pesar del avance, la iniciativa no está exenta de controversias y posibles inconsistencias, que se espera sean abordadas en el debate parlamentario mediante un diálogo abierto y constructivo. La reforma, en conjunto, representa un cambio profundo en las reglas del mercado laboral argentino y busca adaptarse a las necesidades actuales de los trabajadores y la economía, con la promesa de fortalecer la protección social y mejorar la relación laboral en el país.
