La discusión sobre la reforma del Código Penal en Argentina ha vuelto a la agenda pública, centrada en la promesa de fortalecer las penas para combatir la delincuencia. Sin embargo, expertos señalan que, aunque el Código, vigente desde 1921 y sometido a sucesivas modificaciones, requiere una actualización urgente, la manera en que se plantea la reforma merece un análisis profundo. El problema principal radica en la antigüedad, fragmentación y falta de coherencia del Código, lo cual afecta la claridad y las garantías fundamentales del sistema penal, complicando la interpretación del orden jurídico.
El proyecto presentado por el oficialismo propone principalmente un aumento en las penas; sin embargo, estudios y evidencias internacionales indican que endurecer las sanciones no siempre conduce a la reducción efectiva del delito. La verdadera eficacia del sistema penal depende del correcto proceso de investigación y juicio de los delitos, no únicamente del castigo más severo.
Además, existe el riesgo de que políticas punitivistas incrementen las tasas de prisión preventiva, extiendan los periodos en las cárceles y dificulten la implementación de medidas alternativas, como suspensiones condicionales u opciones de justicia restaurativa. En un sistema judicial sobrecargado y prisiones colapsadas, esa tendencia puede generar un aumento en la cifra de personas detenidas sin condena firme, sin que ello garantice mayor seguridad.
El sistema penitenciario también atraviesa una crisis estructural, con un considerable porcentaje de presos en condiciones que contravienen estándares constitucionales e internacionales. Reforzar las penas sin abordar estos problemas estructurales sólo profundizaría la problemática, como advierte el experto Jesús María Silva Sánchez, para quien la severidad de las penas refleja el grado de convivencia y perdón social.
Por otro lado, la reforma incorpora avances positivos, como el fortalecimiento del rol de la víctima y la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, estos aspectos requieren precisión y un debate exhaustivo para evitar efectos no deseados, especialmente en un proceso legislativo con tiempos acotados y una agenda cargada de temas sensibles.
Es fundamental señalar que un Código Penal no es una ley más: es un marco que delimita el poder del Estado y las libertades individuales; cada modificación tiene un impacto real en derechos y garantías. La tensión central del proyecto radica en el equilibrio entre prevenir delitos y resguardar las garantías constitucionales. Un enfoque excesivamente preventivo puede socavar libertades, ya que el Derecho Penal no debe basarse en la desconfianza permanente hacia los ciudadanos ni en la premisa de que más castigos equivalen a mayor justicia.
Por ello, la discusión debe trascender lo ideológico y lo académico, involucrando un debate social y político sobre qué sistema penal queremos construir y qué garantías estamos dispuestos a ceder en aras de una seguridad que, hasta ahora, no ha demostrado ser efectiva. Reformar el Código es indispensable, pero hacerlo sin un diálogo serio, sin mejorar la eficiencia del sistema y sin contemplar las consecuencias, puede ser riesgoso y costoso en el largo plazo.
