La Cámara Federal de Tucumán confirmó este jueves la continuidad de la detención del imputado Eduardo Daniel Soria, reclamado en extradición por México por un doble homicidio en Sinaloa, tras rechazar su pedido de excarcelación. La decisión fue tomada durante una apelación contra un fallo previo del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que había rechazado la nulidad de su detención y la libertad del detenido, quien lleva desde julio de 2022 en prisión preventiva bajo trámite de extradición.
El tribunal de alzada argumentó que la detención de Soria, quien enfrenta una orden de captura internacional por homicidio calificado con premeditación, forma parte de un proceso de cooperación penal internacional y resulta necesaria para asegurar la efectividad en la entrega a México, donde enfrenta una pena de hasta 40 años de prisión.
La defensa había alegado que Soria ya acumula más de tres años y cinco meses en prisión preventiva sin sentencia firme y que esta situación vulneraba el derecho a un juicio en un plazo razonable, conforme al artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También cuestionó la legalidad de la norma argentina que obliga a mantener detenido al requerido hasta su entrega, argumentando que contradice la Constitución Nacional.
Asimismo, la defensa basó sus argumentos en informes periodísticos mexicanos que sugieren que un ciudadano de ese país asumió la autoría del doble crimen, lo que, a su parecer, deterioraba la solidez de la imputación y justificaba una pronta liberación.
El tribunal destacó que la acusación se basa en una orden de captura emitida por las autoridades mexicanas por un delito penado con 40 años de cárcel en Sinaloa, y que esta gravedad apunta a la necesidad de mantener la detención para evitar riesgos de fuga y garantizar la entrega.
En cuanto a los cuestionamientos sobre la normativa argentina, los magistrados recordaron que el artículo 26 de la Ley 24.767 ha sido validado por la Corte Suprema en precedentes como 'Sánchez Viamonte' y 'N.M.D.', resaltando que el proceso de extradición es un mecanismo de cooperación internacional, no un proceso penal interno, y que la detención busca asegurar el cumplimiento de decisiones soberanas.
Asimismo, aclararon que la detención, bajo esta ley, no constituye una prisión preventiva en sentido técnico, sino una medida de aseguramiento posterior a una resolución judicial que declare procedente la extradición. La decisión también reafirmó que la restricción de libertad en este contexto no es arbitraria ni viola los derechos constitucionales, pues responde a un fin legítimo y está respaldada por orden judicial.
Finalmente, los magistrados descartaron que el caso represente una detención arbitraria según la Convención Americana, dado que la restricción está fundamentada en la normativa vigente, en la autoridad judicial competente y en un fin legítimo destinado a cumplir con los compromisos internacionales de Argentina en materia penal. La resolución fue firmada por los jueces Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y Federico Bothamley, quienes mantuvieron la decisión de no otorgar la libertad al imputado y otra vez subrayaron que el proceso continuará bajo control judicial, atento a posibles circunstancias excepcionales.
