¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien viola las leyes ecológicas en áreas naturales protegidas? La historia del conductor que ingresó sin autorización en su vehículo Rzr, modelo Polaris, al Nevado de Toluca, y causó daños ambientales, es un claro ejemplo.
El pasado 18 de enero de 2026, autoridades de la Policía Estatal detectaron que un vehículo todoterreno entró en la zona núcleo del Nevado de Toluca, sin la autorización requerida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A pesar de las advertencias, el conductor ignoró las indicaciones y, durante la intervención, intentó arrollar a un elemento de la Policía Estatal.
Este acto no solo violó normativas ambientales, sino que también dañó parte de la vegetación local, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la zona. La Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) informó que, tras alertar sobre el incidente, coordinó con la FGR y otras instituciones para detener al responsable y confiscar el vehículo.
Lo que hace esta historia aún más grave es que, tras la capacitación conjunta del 8 de enero de 2026, en la que participaron la Guardia Nacional, la FGR, la Policía Estatal y la Profepa, se reforzaron los procedimientos para la detención y entrega de vehículos en zonas protegidas. Esa preparación no fue en vano.
La puesta a disposición del vehículo y del conductor ante la Fiscalía General de la República (FGR) se fundamentó en los delitos de desmonte y destrucción de vegetación sin autorización, delitos tipificados en el artículo 418 del Código Penal Federal, que podrían acarrear penas desde 6 meses hasta 9 años de cárcel y multas que van de 100 a 3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
¿Podrá el responsable evadir las consecuencias o enfrentará la justicia por dañar un patrimonio natural único en México? Lo cierto es que esta acción marca un precedente en la protección del Nevado de Toluca y en la aplicación de la ley en zonas naturales restringidas. La colaboración entre instituciones y la capacitación continua son la clave para detener este tipo de delitos y conservar nuestro patrimonio ambiental.
