¿Sabías que un nutriólogo de 33 años enfrenta un proceso penal en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez? Pero, ¿qué hay realmente tras su captura y las acusaciones en su contra? La historia es más compleja de lo que parece.
El 26 de noviembre, Irving 'N', quien nunca trabajó en funerarias Rueda, El Ángel o en el Servicio Médico Forense de Iguala, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta ahora, no hay evidencia que lo vincule directamente con el caso Ayotzinapa, a diferencia de otras investigaciones vinculadas a esas funerarias y la desaparición de los 43 estudiantes.
Tras su detención, el 3 de diciembre, fue vinculado a proceso y permanece bajo custodia en condición de máxima seguridad. La familia del nutriólogo asegura que él está tranquilo y que incluso piensa que pudo haber un error de identidad, desconociendo los motivos de su supuesto involucramiento en el caso.
Irving, que ingresó al sector salud en 2013 y obtuvo su cédula profesional en 2017, trabajaba a tiempo completo en un centro de salud local. La noche del operativo, su madre fue alertada por una vecina y llegó a la casa alrededor de las cinco de la mañana. ¿Qué ocurrió en ese cateo?
Los agentes federales también realizaron una segunda intervención en otra propiedad familiar en la calle Ramón Corona, en el centro de Iguala, sospechando relación con actividades ilícitas. Sin embargo, la familia señala que durante estos operativos no se formalizaron acusaciones directas relacionadas con el caso de los 43 normalistas.
En los procedimientos, se le imputan delitos como ‘portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas’ y ‘posesión de presunta droga’, aunque el proceso aún está en etapa de investigación, con plazo hasta el 28 de enero de 2026 para presentar pruebas.
Lo que preocupa a la familia es que, durante los cateos, los agentes se llevaron las cámaras de vigilancia y aún desconocen el paradero de dos mujeres supuestamente detenidas en esos operativos, quienes, aseguran, no estaban en la propiedad cuando llegaron los federales.
Además, aunque los sellos de aseguramiento y los informes apuntan a delitos relacionados con delincuencia organizada y desaparición forzada por particulares, desde la familia aseguran que el proceso no apunta directamente al caso Ayotzinapa. La situación ha generado movilizaciones y la posibilidad de nueva marchas para exigir una investigación transparente y la liberación de Irving.
Mientras tanto, en octubre, la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) ha realizado cateos en funerarias como Rueda y El Ángel, así como en la morgue local, relacionados con denuncias de testigos que vinculan esos establecimientos con la desaparición de los normalistas. Hasta ahora, han asegurado seis propiedades y detenido a dos propietarios.
¿Será este caso un error de identidad o hay algo más oculto tras las operaciones en Iguala? La historia todavía no termina. La familia y activistas exigen transparencia, justicia y que se esclarezca toda la verdad.
