La Justicia bonaerense ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera, en Pinamar, tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores. La decisión responde a una acción de amparo presentada por el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, contra la Municipalidad de Pinamar, tras un grave accidente ocurrido en la zona.
El magistrado suplente Félix Adrián Ferrán prohibió la realización de pruebas de destreza, competencias, eventos recreativos motorizados, desafíos o carreras con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos o similares en el sector de médanos costeros, conocido como 'La Frontera', incluso en terrenos privados. La medida se fundamenta en la reiteración de accidentes graves y muertes, frecuentemente con participación de niños, y en la falta de controles adecuados.
El fallo señala que estas prácticas generan siniestros viales peligrosos, algunos fatales, con lesiones irreversibles y pérdidas humanas, hechos que son ampliamente difundidos en medios nacionales y que ponen en riesgo la seguridad pública durante la temporada estival. La resolución también remarca la obligación de los municipios de ejercer su poder de policía para regular y controlar dichas actividades.
El fallo fue emitido tras el grave incidente en el que un niño de 8 años sufrió múltiples fracturas de cráneo y permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, tras viajar sentado en la falda de su padre en un vehículo UTV que chocó frontalmente con una camioneta Amarok. La familia del menor informó que, tras 10 días de recuperación, el niño avanza en su proceso de recuperación.
Según la resolución, las carreras y desafíos motorizados en los médanos generan una alta tasa de accidentes que vulneran derechos fundamentales como la vida y la integridad física, especialmente en espacios públicos y de alta afluencia turística. El juez enfatizó que los municipios deben regular estas actividades para prevenir riesgos y que la omisión en la protección puede constituir un peligro inminente que requiere intervención judicial.
Asimismo, el fallo reafirma que la suspensión permanecerá vigente hasta que el municipio implemente medidas de seguridad, como señalización, delimitación de zonas, supervisión y controles efectivos. La Municipalidad de Pinamar había argumentado que no podía intervenir en predios de propiedad privada, pero la justicia consideró que el riesgo es suficiente para justificar la regulación, en defensa de la seguridad pública y la protección de los derechos de los ciudadanos.
