La Procuraduría General de la Nación inició investigaciones disciplinarias y suspendió provisionalmente a los interventores de las EPS SOS y Savia Salud, debido a un aparente deterioro en su situación financiera y al incremento en las quejas de los usuarios. Estas medidas se toman tras visitas de supervisión realizadas por el Ministerio Público, que evidenciaron que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud no lograron estabilizar a las entidades, y que sus indicadores financieros y de atención empeoraron.
En el caso de SOS, la Procuraduría identificó a los agentes especiales interventores Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancur Castañeda, este último suspendido por tres meses. La investigación busca determinar si incumplieron sus funciones, lo cual habría contribuido a un aumento del 71 % en las quejas entre 2023 y 2025, y un incremento en tutelas del 14.5 %, además de una siniestralidad del 117.5 % en 2024, momento en el que la EPS gastó más de lo que recibió.
La intervención de SOS fue anunciada en abril de 2024 por la Superintendencia de Salud, bajo la gestión del entonces superintendente Luis Carlos Leal, debido a graves fallas financieras y de atención a más de 750,000 usuarios en regiones como Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda.
Por otro lado, en el caso de Savia Salud, la investigación involucra a los interventores Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, quien también fue suspendido provisionalmente. La EPS, intervenida desde junio de 2023 y con más de 1.6 millones de afiliados principalmente en Antioquia, ha mostrado un deterioro en sus indicadores financieros y de gestión.
La Procuraduría señaló que la alta rotación de interventores, que ha sido de cuatro en cada EPS en menos de dos años, habría impedido la implementación efectiva de planes de mejoramiento, agravando así la crisis administrativa y financiera. Además, ordenó a la Superintendencia de Salud elaborar un informe detallado sobre el seguimiento y control durante las intervenciones, así como a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y a la Defensoría del Pueblo, que deben reportar sobre el uso de recursos y el acceso a los servicios por parte de los afiliados.
Actualmente, el Gobierno administra ocho EPS intervenidas, incluyendo a Nueva EPS, que en agosto de 2025 registró más de 38,000 quejas en comparación con periodos anteriores, reflejando la persistente crisis en el sistema de salud. La investigación de la Procuraduría busca esclarecer si las actuaciones de los interventores contribuyeron al deterioro del servicio y las finanzas, mientras los interventores suspendidos permanecen en esa condición por tres meses mientras avanza el proceso. Además, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud podrían ser también objeto de análisis por su rol en el seguimiento y control de estas entidades.
Este proceso se desarrolla en medio del debate sobre la reforma a la salud en México y las críticas al modelo de intervención adoptado. Los usuarios continúan reportando obstáculos en la atención médica y retrasos en la entrega de medicamentos.
