La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Heydeer Yovanny Palacio Salazar, exgobernador de Guaviare entre 2020 y 2023, por presuntas irregularidades en la administración y ejecución de un proyecto enfocado en fortalecer la cadena productiva del cacao en Guaviare y Meta. La investigación sostiene que el proyecto, financiado con 31.075 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, presentó deficiencias en sus estudios iniciales, inconsistencias en la identificación de beneficiarios y ausencia de componentes técnicos necesarios para su correcto desarrollo.
Según el informe, el 64.5% de los beneficiarios originales abandonó el programa tras recibir insumos, herramientas y asistencia técnica, lo que obligó a la administración a reemplazar a muchas familias, dificultando el control sobre los recursos y generando dudas sobre su destino final. La Procuraduría calificó este fenómeno como una señal de problemas estructurales en la selección de beneficiarios y planificación del programa.
El proyecto, presentado en julio de 2021 ante el OCAD Paz, no cumplía con los requisitos técnicos para avanzar a la fase de ejecución completa. Además, el plan original carecía de mecanismos para garantizar la permanencia de los beneficiarios, seguimiento a los insumos entregados y estrategias para prevenir el abandono de los cultivos, lo que derivó en bienes financiados sin control del Estado.
La investigación también reveló un ajuste presupuestal cercano a 1,89 mil millones de pesos durante la ejecución, justificado en aumentos en insumos y efectos de la pandemia, pero sin respaldo técnico suficiente, según la Procuraduría. Además, la autoridad disciplinaria responsabilizó al secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Guaviare, Nelder Parra, por presentar documentos con inconsistencias en los estudios, y también implicó a Palacio en conexiones familiares y políticas que generan dudas sobre posibles favoritismos.
Organizaciones como Asoprocacao, beneficiaria del proyecto, están vinculadas a movimientos políticos que respaldan candidaturas en el departamento, incluyendo a Alejandro Castillo, primo de Palacio, lo que alimenta cuestionamientos sobre favorecimientos. También hay investigaciones en marcha relacionadas con la construcción del Hospital de Miraflores, en la que se detectó un hallazgo fiscal de 3,8 mil millones de pesos involucrando a familiares de los actores políticos.
La Procuraduría califica las conductas de Palacio y Parra como faltas graves, imputando a este último dolo, por tener conocimiento previo de las irregularidades. La responsabilidad de Palacio se atribuye por negligencia en la supervisión del proyecto, en tanto que el exsecretario habría incorporado conscientemente vicios técnicos, lo que podría derivar en su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los procesos disciplinario y fiscal continúan en evaluación y decisiones finales están pendientes de las instancias correspondientes.
