Un año después de la aprobación del nuevo reglamento de ordenamiento pesquero para la pota en Perú, los avances en su implementación siguen siendo lentos, lo que afecta la economía de los pescadores y el manejo sustentable del recurso. La normativa, vigente desde hace 11 meses, establece restricciones como el acceso exclusivo a la flota artesanal y la pesca con línea potera como único método autorizado. Sin embargo, muchas de estas medidas aún no se han concretado, generando problemas en la comercialización y bajos precios para los pescadores, especialmente en la temporada actual. Además, persisten dificultades para el desembarque en las plantas procesadoras, provocado por una pesca excesiva concentrada en periodos cortos y por anomalías oceanográficas que alteraron la distribución del recurso en 2025. El gobierno peruano ha dictado varias normativas para ajustar las cuotas y restringir la actividad en periodos críticos, pero es esencial que estas reglas sean consistentes y replicables para evaluar efectivamente los resultados y prevenir futuras crisis. Aunque se han dado avances, como la ampliación del sistema satelital en la flota potera, se requiere fortalecer la vigilancia y fiscalización de operaciones para garantizar un aprovechamiento sostenible de la pota, un recurso que presenta pulsos de abundancia y requiere una gestión prudente. La responsabilidad recae en el Estado para administrar este recurso estratégico, fortaleciendo su contribución a la seguridad alimentaria, generación de empleo y la economía costera, tal como ha ocurrido en otras pesquerías. Es momento de que la pesquería de la pota reciba la atención y las medidas necesarias para evitar una crisis similar en el futuro.
