¿Alguna vez te has preguntado si los retenes policiacos en Chalco-Tláhuac están para protegerte o solo para extorsionarte? La noche del 20 de enero de 2026, una automovilista decidió denunciar una situación que podría sacudir los cimientos de cómo se realizan estos operativos.
Todo empezó en la avenida Chalco-Tláhuac, justo frente a una estación de servicio G500. La conductora fue detenida por policías de tránsito estatal, no porque su vehículo representara un peligro grave, sino por tener un espejo lateral perdido y la placa delantera sobre el tablero—afallas que, según el Reglamento de Tránsito del Estado de México, solo ameritan una multa, no el remolque.
¿Sabías que el Reglamento de tránsito solo permite remolcar vehículos por conducir en estado de ebriedad, sin licencia, con placas falsas o tras un accidente grave? Sin embargo, los agentes, en complicidad con una empresa de grúas, ordenaron que el vehículo fuera al corralón, a pesar de no cumplir ninguna de esas condiciones.
La conductora, en su afán por cumplir con la ley, expresó su intención de pagar la multa correspondiente. Pero la situación se tornó oscura cuando los oficiales, en lugar de seguir los procedimientos legales, le exigieron 1,500 pesos para evitar que su auto fuera remolcado. ¿El motivo? La resistencia a pagar, según su relato, llevó a que ordenaran cargar el vehículo en la grúa y llevárselo a un depósito en San Marcos Huixtoco.
Lo más alarmante es que en el depósito, que parecía un escenario de espera y confusión, varios automovilistas y motociclistas estaban en la misma situación. Muchos con papeles en mano y sin claridad alguna sobre cuánto tenían que pagar o qué delitos se les atribuyen.
Este caso refleja un patrón preocupante: abusos de autoridad, extorsiones y trato arbitrario disfrazado de operativos de tránsito. La denuncia de esta conductora no solo pide justicia, sino que llama a las autoridades de Chalco a investigar y sancionar estos actos.
Porque, ¿qué pasa cuando quienes deben protegerte en realidad te están explotando? Estas prácticas vulneran derechos y afectan a miles de familias que dependen de sus vehículos para trabajar, poniendo en riesgo su economía y bienestar. Es hora de exigir transparencia y justicia en cada paso de estos operativos.
