La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ofreció honras fúnebres al oficial Sergio Iván García Hernández, quien falleció en servicio tras ser gravemente herido en un ataque armado ocurrido el 18 de enero de 2026 en Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva. García Hernández, originario de Guazacapán, Santa Rosa, tenía 33 años y acumulaba casi siete años en la institución, habiendo servido en diversas unidades como la Subdirección Antinarcótica y la División de Protección de Personas y Seguridad.
El agente fue alcanzado por la violencia cuando él y su compañero, Luis Alexander Zetino Pérez, estaban en un puesto fijo aproximadamente a las 8:30 horas. Fueron emboscados por desconocidos que los atacaron con armas de fuego desde una camioneta RAV4, la cual huyó del lugar. Mientras Zetino Pérez perdió la vida en el acto, García Hernández fue trasladado al IGSS 7-19 El Ceibal, donde murió a las 18:15 horas del 31 de enero debido a la gravedad de sus heridas.
La ceremonia de despedida se efectuó en la Dirección General de la PNC, con la presencia de altos funcionarios y familiares. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, además del viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano Elías, y otros mandos policiales, respaldaron el compromiso de la institución ante la pérdida de sus agentes.
Este incidente forma parte de una escalada de violencia, en la que ya once policías guatemaltecos han fallecido en recientes días en ataques relacionados con ataques de pandillas. El ataque en Villa Nueva, colindante con la capital, también dejó a Zetino Pérez muerto en el lugar. Autoridades consideran que estas acciones responden a las represalias por las operaciones del Estado para recuperar el control de las cárceles controladas por bandas criminales.
El 18 de enero, en un solo día, diez agentes murieron y ocho resultaron gravemente heridos en el ataque más sangriento contra la fuerza policial en años. La violencia se ha intensificado tras los motines carcelarios del 17 de enero, cuando reclusos vinculados a pandillas tomaron como rehenes a 46 empleados penitenciarios en un operativo que derivó en enfrentamientos y rescates. Estos hechos demuestran la capacidad de las bandas criminales para desafiar a las fuerzas de seguridad y aumentar la inseguridad en varias regiones del país, incrementando los riesgos para la población y las instituciones.
