La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado, reconoció que el proyecto de reforma laboral que modifica el régimen de licencias médicas presenta un error en su redacción y aseguró que buscarán corregirlo antes de la votación en la Cámara de Diputados. La dirigente afirmó que el problema radica en que la ley no distingue entre diferentes tipos de enfermedades, lo que podría generar interpretaciones incorrectas.
Bullrich explicó que la confusión ocurrió porque se tomó como base una estructura legislativa antigua que no contempla diferencias entre enfermedades leves y severas, como cáncer o patologías degenerativas. La legisladora añadió que la omisión no fue definir las enfermedades graves, sino incluir esta especificación en la redacción del texto, por lo que en breve implementarán las correcciones necesarias.
En entrevista con TN, la exministra de Seguridad defendió la iniciativa como una medida para reducir el ausentismo laboral, señalando que cuenta con apoyo de sectores como las pymes y el sistema judicial. La senadora explicó que la modificación del artículo 208 de la ley 20.744 responde a una demanda internacional contra la proliferación de litigios y certificados médicos falsificados. La propuesta fue discutida y aprobada en una mesa de trabajo con diversos actores, alcanzando 42 votos a favor.
El proyecto, que ya recibió media sanción en el Senado, contempla que durante una licencia por enfermedad no relacionada con el trabajo, el empleado recibirá el 50% o el 75% de su salario, en lugar del 100% actual, dependiendo de si la incapacidad se debe a actividades voluntarias o no. Bullrich admitió que la ley fue introducida en el debate por su bancada y que asumen la responsabilidad por ello.
Sobre el futuro del proyecto, la senadora señaló que de volver a discutirse en el Senado, la tramitación podría demorarse aproximadamente una semana más. Resaltó que, su prioridad es lograr una legislación que, aunque imperfecta, termine con la 'mafia' de certificados falsificados y abusos.
Una de las principales controversias gira en torno al artículo 44, añadido en la última etapa de la votación en el Senado, que contempla penalizaciones para quienes presenten certificados médicos fraudulentos. El oficialismo confía en contar con los votos necesarios para sancionar la ley, aunque una corrección en las licencias médicas podría afectar el cronograma legislativo.
Paralelamente, el Consejo Directivo de la CGT anunció un paro general de 24 horas, coincidiendo con el debate en Diputados. La medida, que será la cuarta de su tipo durante la gestión de Javier Milei, incluye a diversos gremios del sector transporte, como la Unión Ferroviaria y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que también participa en la protesta, mantiene su respaldo y negocia para garantizar ciertos servicios durante la huelga, especialmente en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El impacto de la movilización podría variar, dado que otros gremios del transporte, como pilotos, marítimos y personal de subte, también confirmaron su participación en la protesta, que busca ejercer presión política en medio del debate legislativo sobre las reformas laborales.
