El Parlamento de Venezuela, bajo control del régimen chavista, decidió este jueves posponer la segunda y última discusión del proyecto de ley de amnistía debido a desacuerdos entre los bloques parlamentarios respecto a un artículo clave del texto. La decisión fue tomada de forma unánime tras un extenso debate, cuando la plenaria había avanzado hasta el artículo 6; la discusión se suspendió por diferencias en torno al artículo 7, que establece las condiciones para que las personas beneficiadas accedan a la amnistía.
El titular de la Asamblea Nacional, el diputado chavista Jorge Rodríguez, confirmó la postergación y anunció que continuará la discusión en la próxima sesión ordinaria, prevista para la semana próxima, debido al receso por el feriado de Carnaval.
Uno de los principales puntos de controversia es la disposición que exige a procesados o condenados presentarse ante instancias judiciales para acceder a los beneficios de la ley, requisito que algunos diputados consideran contraproducente, ya que una amnistía debería implicar la extinción inmediata de las causas penales sin condiciones adicionales.
Este proyecto, que ya cuenta con una primera aprobación, necesita una segunda votación favorable para convertirse en ley. La sesión, convocada originalmente para culminar con esa aprobación, fue suspendida y reprogramada para el jueves 19 de febrero, cuando se retomará el debate.
El contexto político de la propuesta se enmarca en las acciones del chavismo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, en un proceso considerado por el régimen como una transición, con la colaboración de Estados Unidos en determinados ámbitos, incluyendo la tutela de ciertos actores políticos como Delcy Rodríguez.
Recientes modificaciones del proyecto eliminan detalles específicos sobre delitos políticos como incitación, resistencia a la autoridad, rebelión o traición, presentes en versiones anteriores. Tampoco incluyen medidas para levantar alertas rojas de Interpol, devolver bienes incautados o restituir derechos políticos a detenidos, aspectos inicialmente contemplados.
La ley, en su alcance actual, abarcaría hechos desde 1999 hasta la fecha, pero se restringe a episodios de conflictividad política, como el intento de golpe de Estado en 2002 y varias protestas en años posteriores, incluyendo 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
El fiscal general designado por el chavismo, Tarek William Saab, afirmó que la ley podría favorecer la estabilidad interna del país, buscando una “paz plena”, según sus palabras.
El proyecto excluye de la amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico o delitos contra el patrimonio público. Sin embargo, en versiones más recientes, se omitió la exclusión por corrupción sin explicación pública.
Mientras tanto, en las afueras de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, cientos de estudiantes y familiares de presos políticos se manifestaron exigiendo su liberación y una amnistía sin restricciones. Organizaciones de derechos humanos han criticado que la ley actual no garantice una amnistía plena, pidiendo que elimine por completo cargos, condenas y otras medidas judiciales relacionadas con causas políticas.
