Las recientes auditorías del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en áreas críticas como cardiología y gastroenterología han revelado irregularidades que comprometen la transparencia del sistema de salud para jubilados. Los relevamientos internos, con acceso exclusivo a Infobae, identificaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, que superan cualquier jornada laboral razonable y contradicen la infraestructura declarada por los prestadores. Un caso llamativo ocurrió en gastroenterología, donde un prestador con solo dos quirófanos aseguró haber realizado 283 procedimientos en 95 pacientes en menos de cinco horas, un registro que según los auditorías excede la capacidad operativa del establecimiento. Estas irregularidades se suman a denuncias previas por fraude, sobrefacturación y recetas falsas presentadas por las autoridades del PAMI, encabezadas por Esteban Leguizamó, las cuales ya derivaron en controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias. En junio de 2025, el organismo eliminó la modalidad de retiro en farmacias para higiene personal, específicamente pañales desechables, con el objetivo de reducir costos y combatir la corrupción en la compra de insumos. Desde el PAMI subrayaron que la suspensión de compras por medio de licitaciones públicas busca generar un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales, garantizando mayor transparencia y eficiencia en el manejo de recursos. En el análisis de los prestadores en cardiología, los equipos de auditoría detectaron patrones reiterados que alimentan sospechas de fraude estructural, incluyendo pacientes que figuraban atendidos sin haber recibido consulta, medicación o tratamiento alguno. Estas irregularidades han derivado en denuncias penales ante la justicia federal por defraudación contra la administración pública, con montos multimillonarios en juego, aunque la cuantificación definitiva se encuentra en proceso. La investigación sigue en marcha, con auditorías activas, sumarios administrativos y sanciones aplicadas. En respuesta a esta situación, la dirección del PAMI implementó un nuevo esquema de control y fiscalización que busca cerrar canales de corrupción, reforzar la transparencia y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a los afiliados. Además, optimizó la compra de insumos a través de licitaciones centralizadas, eliminando el sistema previo de adquisiciones por efectores que dificultaba el control y elevaba los costos. El objetivo del organismo es eliminar los llamados 'kioscos', estructuras que se consolidaron en gestiones anteriores, y reordenar el sistema para recuperar la confianza en una de las instituciones más sensibles del Estado mexicano.
