El partido político País para Todos confirmó que no hubo irregularidades en el uso de su franja electoral y anunció que desistirá de su difusión en un medio de comunicación específicas, ante las acusaciones de direccionamiento de recursos públicos. La agrupación añadió que toda la asignación y distribución de la franja se realizó de manera transparente y bajo el marco legal vigente, sin participación directa o indirecta del candidato presidencial Carlos Álvarez.
El comunicado oficial, emitido en respuesta a las recientes acusaciones que cuestionan financiamiento y posibles vínculos con grupos económicos o operadores mediáticos, enfatizó que el proceso fue gestionado por el equipo responsable bajo la responsabilidad del representante legal del partido, quien cuenta con los accesos y claves del sistema, conforme a la normativa electoral.
Asimismo, País para Todos aseguró que nunca solicitó ni recibió dinero alguno del candidato ni de otros postulantes, resaltando la integridad de sus procedimientos. La organización también precisó que, tras una evaluación exhaustiva de los informes y descargos, concluyó que la distribución de la franja se efectuó con criterios estratégicos y sin indicios de corrupción o direccionamiento.
Como medida para evitar cualquier sospecha, el partido anunció formalmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su decisión de dejar de usar la franja en el medio cuestionado, buscando cerrar la puerta a posibles manipulaciones y despejar dudas sobre la transparencia del proceso.
El pronunciamiento fue acompañado por la contundente rechazación de afirmaciones que sugieren pagos o comisiones vinculadas a la franja electoral, calificándolas como falsas y difamatorias. País para Todos criticó a quienes propagan esas acusaciones y los emplazó a identificar claramente a las personas involucradas para que se proceda conforme a la ley.
La respuesta del partido llegó después de que más de treinta candidatos al Congreso, apoyados por País para Todos, respaldaran públicamente a Carlos Álvarez y exigieran explicaciones inmediatas sobre el financiamiento de la propaganda, particularmente en relación con un canal vinculado a Miguel del Castillo. En un documento, los candidatos mencionaron que rechazan tajantemente cualquier acto de corrupción y priorizan la dignidad por sobre las candidaturas.
