La organización no gubernamental venezolana Acceso a la Justicia alertó sobre graves deficiencias técnicas y jurídicas en el proyecto de ley de amnistía para presos políticos presentado esta semana por el Parlamento controlado por el chavismo. La ONG señala que, a pesar de la intención del gobierno de ofrecer una vía de liberación en un contexto de supuesto cambio político tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el texto contiene contradicciones que podrían limitar su alcance real.
Según la organización, uno de los principales problemas radica en el uso del término 'extremismo' para definir a quienes podrían beneficiarse de la amnistía, lo que presupondría responsabilidad penal antes de cualquier evaluación. Además, el concepto de 'clemencia soberana' incluido en el borrador implica una presunción de culpa, lo cual atenta contra la definición clásica de amnistía, que no debe prejuzgar la responsabilidad de los beneficiados.
Otro aspecto criticado por Acceso a la Justicia es el conflicto de intereses potencial, ya que el proyecto otorga la ejecución de la amnistía a los tribunales y la Fiscalía actuales, organismos que, según informes internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, han participado en acciones de represión contra opositores políticos. Esto genera dudas sobre la imparcialidad en la aplicación de la ley.
Además, el proyecto no autoriza a familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales a representar a los presos políticos, limitando la defensa legal y el acompañamiento en el proceso. También deja en incertidumbre qué ocurrirá si un juez decide que un caso no es susceptible de amnistía, sin esclarecer las consecuencias para los afectados.
El proyecto contempla varias exclusiones que afectarían a numerosos presos por motivos políticos, incluyendo delitos graves como violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, tráfico de drogas con penas superiores a nueve años, y delitos contra el patrimonio público. Acceso a la Justicia advierte que, dentro del delito de homicidio, se incluyen acusaciones de magnicidio, vinculadas a militares acusados de planes de atentado contra el régimen, aunque la organización recalca que no se puede considerar magnicidio sin que haya ocurrido la muerte del presunto objetivo.
La ONG llamó a que la aplicación de la ley sea justa, garantista y transparente, con el fin de lograr la libertad de todas las personas perseguidas políticamente desde 1999 hasta enero de 2026, y que se respeten sus derechos y los de sus familias. Este pronunciamiento surge en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones chavistas, que han sido históricamente utilizadas como instrumentos de represión.
El proyecto de amnistía forma parte del llamado 'nuevo momento político' promovido por Delcy Rodríguez, en el cual el régimen ha anunciado liberaciones selectivas, aunque organizaciones de derechos humanos señalan que estas acciones parecen responder más a una estrategia internacional de legitimación que a un cambio sustancial en la política represiva del chavismo.
