Un esquema delictivo comandado desde cárceles de Magdalena y Olmos en Buenos Aires manipula y extorsiona a jóvenes militares, culminando en el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, en las inmediaciones de la Quinta de Olivos en diciembre pasado. La investigación, dirigida por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, revela que los internos utilizan celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios intimidantes y administrar fondos ilícitos, en tanto una red de colaboradores externos facilita los pagos y la logística.
Gómez, destinado a la custodia presidencial y originario del interior, fue víctima de una extorsión digital que comenzó con un perfil falso en una aplicación de citas, y evolucionó en amenazas constantes mediante audios manipulados diseñados para generar pánico. La víctima recibió una serie de mensajes y grabaciones, incluyendo un 'audio del terror' en el que una voz exaltada y amenazante le recriminaba por un supuesto delito relacionado con una menor y lo advertía sobre una denuncia formal.
Poco después, Gómez fue hostigado por una supuesta autoridad policial, que le aseguraba tener pruebas en su contra y le ofrecía una salida económica a cambio de dinero. La organización exigía inicialmente 500 mil pesos, negociaba en cuotas, y solicitaba que las transacciones se hicieran mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias a nombre de terceros. La banda imponía además un estricto silencio, prohibiendo que las víctimas hablaran con familiares, abogados o denunciantes.
El joven, sometido durante semanas a una escalada de amenazas y presión, entró en desesperación, reflejado en registros internos y en la carta que dejó antes de su fallecimiento; allí mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. La investigación reveló que la red criminal operaba desde las cárceles, utilizando internas colaboradoras para gestionar las cuentas y recursos ilícitos.
Durante los allanamientos realizados en las cárceles y domicilios, las autoridades incautaron teléfonos, chips, computadoras y documentación que das cuenta de decenas de casos similares. Se arrestaron siete personas, entre internos y mujeres que apoyaban en la logística. La jueza Arroyo Salgado destacó en conferencia de prensa la gravedad del fenómeno y advirtió sobre el uso de celulares en las penitenciarías, calificando la situación como un arma en las cárceles que permite seguir delinquiendo.
El trabajo técnico con pruebas de audio y análisis digitales demuestra cómo el miedo y la intimidación se usan como principal método de control en estas extorsiones. Todo ello, desde celdas de Magdalena y Olmos, con un dispositivo ilegal, logró manipular la percepción de un joven soldado, llevándolo a perder las fuerzas para continuar y arrebatándole su vida.
