Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años, enfrenta su cuarta orden de desalojo en su vivienda ubicada en la calle Carnero, en el barrio madrileño de Embajadores. La propiedad pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco, una institución católica con más de 100 pisos en su patrimonio, que exige que abandone el inmueble por impago del alquiler, a pesar de que Mariano cuenta con una pensión suficiente para pagar la renta.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, denuncian que la orden religiosa se ha negado sistemáticamente a negociar un alquiler social y a suspender el desalojo, justificando las acciones con la necesidad de realizar reformas estructurales en la vivienda. Sin embargo, Mariano sostiene que el deterioro del edificio responde a años de falta de mantenimiento por parte de la misma propiedad. Según relató el vecino, en noviembre pasado el techo de su cocina se desplomó, además de enfrentar humedades persistentes, paredes deterioradas y un baño inutilizable, lo que ha convertido su hogar en un espacio cada vez más inhabitable.
El sindicato afirma que esta falta de mantenimiento sería una excusa para la ejecución del desahucio y advierte que casos como el de Mariano no son aislados, sino resultado de la negativa a aplicar políticas de protección ante los desalojos. Aunque en 2020 se anunció un decreto de escudo social para evitar desalojos en casos de vulnerabilidad, las organizaciones sociales critican que en su aplicación actual, la norma excluye a propietarios con una o dos viviendas, y limita la protección a inquilinos en situación de vulnerabilidad, impactsando a miles de familias.
El reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de febrero, que amplía la protección hasta diciembre de 2026, todavía está en deliberación en el Congreso. La oposición de partidos como Junts ha retrasado su aprobación, argumentando que perjudica a pequeños propietarios. Mientras tanto, Mariano continúa enfrentando la amenaza de desalojo, en un contexto en el que las políticas públicas aún no garantizan la protección efectiva para familias vulnerables en situación de desahucio.
