La oposición en Colombia presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para detener la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, tras la resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil que autorizó la inscripción del comité promotor encargado de recolectar firmas para dicha iniciativa. La acción fue liderada por el dirigente político y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Josías Fiesco, quien argumenta que la medida contraviene la Constitución y la ley vigente.
Fiesco afirmó que la resolución 1117, emitida por la Registraduría, permite la recolección de firmas sin cumplir con los requisitos legales, ya que la convocatoria a una Asamblea Constituyente debe contar con una ley previa según el artículo 376 de la Constitución, y solicitó al Consejo de Estado medidas cautelares para frenar cualquier acción de recolección de firmas en este sentido.
El líder político advirtió sobre los riesgos políticos de la iniciativa, criticando que sectores como el petrismo puedan intentar manipular el proceso para modificar la Constitución de Colombia, similar a experiencias en países vecinos, como Venezuela. La demanda será analizada en los próximos días, y si es aceptada, podría suspender el proceso de recolección de firmas en todo el país.
Por su parte, la Registraduría destacó que la inscripción del comité promotor fue acorde a los requisitos establecidos y que la misma se basa en el artículo 40 de la Constitución, que reconoce el derecho ciudadano a participar en la política. La entidad precisó que la solicitud se recibió el 26 de diciembre de 2025, y autoriza al comité a comenzar la recolección de firmas en todo el territorio nacional, con un plazo de seis meses y un objetivo mínimo de más de dos millones de apoyos, equivalentes al 5% del censo electoral.
El comité promotor está compuesto por el propio líder de la iniciativa, Armando Custodio Wouriyu, y otros integrantes, incluyendo a Carlos Alfonso Rosero y Carlos Arturo García Marulanda. Aunque la Registraduría estableció un mínimo de dos millones de firmas, el Gobierno ha expresado su expectativa de reunir cerca de 10 millones, generando debate en distintos sectores políticos sobre la viabilidad y el alcance del proyecto.
La propuesta, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta rechazo de la oposición y sectores independientes, que consideran que podría desestabilizar la democracia, debilitar la separación de poderes y extender la permanencia del Ejecutivo en el poder. Además, algunos críticos consideran que el proceso contiene irregularidades jurídicas, incluyendo posibles intentos de evadir el Congreso y la Corte Constitucional, y alertan sobre la posible transferencia de facultades extraordinarias al presidente para definir delegatarios.
Asimismo, los opositores critican que la iniciativa sea vista como una distracción frente a problemas nacionales como la seguridad y la economía, y advierten que experiencias similares en la región han provocado polarización social e inestabilidad económica.
