El expresidente de Perú, Ollanta Humala, criticó duramente al Poder Judicial desde su prisión y pidió su liberación, calificando su proceso legal como un "secuestro" y una "afrenta a la justicia". Humala sostiene que las pruebas presentadas en su contra no prueban los presuntos aportes ilícitos a su campaña y que, en cambio, reflejan errores y abusos desde el inicio del proceso.
Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), Humala afirmó que su encarcelamiento tiene como objetivo acosar a su familia y privarlo de libertad injustamente. Destacó que tanto él, su esposa Nadine Heredia, actualmente en Brasil, y otros dirigentes políticos han presentado pruebas para apelar la sentencia considerada ilegal.
Por su parte, el abogado de Humala, Edison Huamán, solicitó una nueva audiencia de revisión de su libertad, programada para el 13 de marzo, afectada por demoras en la judicialización del proceso. En declaraciones a RPP, Huamán recordó que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han establecido que los aportes de campaña en ese período no constituyen delito, por lo que la prisión resulta arbitraria.
La defensa centra su argumento en la falta de sustento de la acusación basada en declaraciones del empresario Marcelo Odebrecht, quien afirmó haber realizado aportaciones por orden de Antonio Palocci, exministro brasileño. Huamán destacó que la Fiscalía no ha citado a Palocci durante la investigación y que existen testimonios y antecedentes judiciales en Brasil que respaldan la inocencia de Humala.
Además, la defensa ha presentado pruebas para demostrar que Palocci niega conocer a Humala y rechaza haber solicitado fondos para campañas electorales. Sostienen que mantenerlo en prisión viola precedentes jurídicos y consideran que su detención es arbitraria.
En paralelo, la defensa presentó una denuncia contra tres jueces responsables de ordenar la detención inmediata de Humala, alegando que la orden judicial carecía de resolución escrita y notificación oficial. La Fiscalía abrió una investigación preliminar de 60 días contra los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Techy Coronado y Max Oliver Vengoa por posibles delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad ideológica.
El Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias que llevaron a la prisión de Humala y recabará declaraciones del exmandatario y del Procurador Público del Poder Judicial, con el fin de evaluar posibles afectaciones institucionales derivadas de la resolución judicial.
