El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a sus países miembros para analizar las crecientes amenazas a la estabilidad democrática en Guatemala, tras incidentes ocurridos durante las reciente elección presidencial. La reunión, realizada en la sede central del organismo en Washington, abordó la urgencia de mantener la gobernabilidad y proteger el orden constitucional frente a acciones que podrían debilitar la independencia del sistema judicial y la legalidad electoral. Líderes de diversas instituciones valoraron el respaldo internacional, como un factor clave para garantizar transparencia y legitimidad en los procesos institucionales, y reiteraron la importancia de que las elecciones y designaciones se desarrollen libres de presiones indebidas. Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, denunció que durante la jornada electoral se registraron acciones inusuales, como la presencia prolongada de fiscales en mesas de votación, grabaciones y la incautación de teléfonos, incluyendo el de la presidenta del Tribunal Electoral. La dirigente afirmó que estos actos generaron un clima de incertidumbre y zozobra, y que fueron desproporcionados dada la sensibilidad del proceso. La OEA monitoreó la situación tras denuncias de interferencias y acciones judiciales cuestionadas. Gámez destacó que, a pesar de estos incidentes, la elección concluyó tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó continuar sin interferencias externas y que los resultados fueron validados por el órgano electoral. La abogada subrayó que, en una democracia, el uso del derecho penal debe ser el último recurso y siempre en cumplimiento de principios de legalidad y debido proceso, criticando las objeciones infundadas a la institucionalidad electoral y la necesidad de seguir canales institucionales para evitar confusiones o debilitamiento de las instituciones. La representante del gremio también alertó sobre los riesgos de criminalización y manipulación del sistema judicial, haciendo un llamado a la vigilancia internacional temprana como una muestra de solidaridad hemisférica. La intervención de Astrid Lemus, magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, señaló que acciones del Ministerio Público y otros actores intentaron socavar la voluntad popular y paralizar el proceso electoral mediante medidas intimidantes y sin justificación legal concreta, afectando el orden constitucional. Lemus advirtió que estos intentos constituyen ataques contra la legalidad y la independencia del poder judicial, debilitando el Estado de Derecho y la certeza jurídica en Guatemala. La magistrada resaltó la utilidad de la cooperación internacional, especialmente de las misiones de observación electoral de la OEA, para fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos democráticos del país.
