Desde abril de 2018, Nicaragua ha intensificado las restricciones a las manifestaciones religiosas y sociales en espacios públicos, en medio de una crisis política que ha dejado cerca de 30 muertos y ha marcado un claro autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En ese año, las protestas ciudadanas contra el aumento de impuestos y la reducción de prestaciones sociales derivaron en una represión que llevó a la declaración ilegal de manifestaciones políticas y la prohibición de procesiones religiosas en la vía pública.
A partir de 2018 y en los años siguientes, las autoridades nicaragüenses han reforzado la persecución contra la Iglesia Católica, limitando severamente actividades religiosas públicas, incluyendo procesiones tradicionales de Semana Santa, Corpus Christi y Cristo Rey. La Policía Nacional ha ordenado que toda liturgia se restrinja a interior de los templos, notificando a sacerdotes sobre la necesidad de realizar celebraciones sin participación externa y sin permisos oficiales.
La organización no gubernamental y exiliada en el país, Martha Patricia Molina, ha documentado que entre 2019 y 2026 se han prohibido más de 27 mil procesiones en Nicaragua, una cifra sin precedentes que refleja el control estatal sobre la libertad religiosa. Molina también ha señalado que en la cuaresma de 2026 se esperan más de 5,700 procesiones restringidas en 409 parroquias.
El régimen también ha exigido informes detallados a los sacerdotes y miembros de la comunidad eclesiástica sobre las actividades religiosas, incluyendo datos personales y cantidad de fuegos artificiales, lo que incrementa la sensación de temor y hostilidad entre fieles y religiosos. Además, las relaciones diplomáticas con el Vaticano están suspendidas, en un contexto de constante hostigamiento que ha sido condenado por el Papa Francisco, quien expresó su preocupación por la persecución de sacerdotes, obispos y religiosos en Nicaragua.
El impacto económico en el clero ha sido severo, ya que en agosto de 2024 se eliminó el fondo de ayuda para sacerdotes jubilados, una medida que afectó especialmente a los religiosos de edad avanzada, financiado previamente con las colectas del Miércoles de Ceniza. La última colecta en la Catedral de Managua recaudó poco más de 3,600 dólares para sus jubilados.
Estas políticas restrictivas y la ruptura con el Vaticano evidencian una creciente represión contra la Iglesia Católica y la libertad de culto en Nicaragua, consolidando un escenario de control institucional que limita severamente la presencia pública de la religión y la expresión de fe en el país.
