Nueva York ha reforzado su lucha contra la venta ilegal de mascotas, imponiendo multas de hasta 1,000 dólares por infracción, en el marco de la implementación de la ley Puppy Mill Pipeline Act, que prohíbe la venta minorista de perros, gatos y conejos en tiendas. A dos años de su entrada en vigor, las autoridades continúan supervisando el cumplimiento de la normativa con un sistema de inspección activa, denuncias ciudadanas y monitoreo constante.
La legislación busca eliminar la conexión entre comercios minoristas y criaderos comerciales, conocidos por sus condiciones poco éticas y peligrosas, que suelen derivar en problemas de salud y altos costos veterinarios para los compradores. La ley, respaldada por la Fiscalía General y la gobernadora Kathy Hochul, ha sido ratificada en tribunales a pesar de las protestas del sector minorista, que argumenta pérdidas económicas y despedidos.
Según informes, las multas por infracciones pueden alcanzar los 1,000 dólares, creando un efecto disuasorio en los comercios. La vigilancia en puntos de venta contempla inspecciones, campañas de denuncias y seguimiento a establecimientos con antecedentes sancionados.
Hochul destacó que la medida prioriza el bienestar animal y la adopción responsable, además de despejar las tiendas de criaderos masivos. La normativa permite que refugios y organizaciones de rescate colaboren con las tiendas solo en actividades de adopción, reorientando sus negocios hacia servicios y productos, en un esfuerzo por reducir la comercialización de animales.
Pese a las resistencias iniciales y las demandas judiciales, los tribunales han ratificado la constitucionalidad de la ley, y organizaciones como la ASPCA han respaldado la legislación, valorando la reducción en denuncias por maltrato y mejor control sanitario.
La prohibición ha motivado a los comercios a reconvertirse, enfocándose en adopciones y alianzas con refugios, lo que ha generado un incremento del 30% en la demanda de adopciones en el estado entre 2025 y 2026. Mientras tanto, las ventas autorizadas de criadores certificados se mantienen bajo estrictas regulaciones de bienestar, sanitarias y de protección al consumidor.
Esta legislación sitúa a Nueva York a la vanguardia en la protección de animales en EE.UU., marcando un ejemplo que otros estados como California, Maryland e Illinois están siguiendo en contra de los criaderos industriales. Expertos y defensores aseguran que la reforma ha cambiado la forma en que los estadounidenses adquieren mascotas, priorizando la adopción y la regulación estatal en detrimento de los canales comerciales opacos. A dos años de su implementación, la Puppy Mill Pipeline Act continúa su influencia, con un seguimiento riguroso que busca reducir el maltrato y mejorar la salud pública y animal, pese a los intentos de eludir la ley mediante ventas informales o acuerdos encubiertos.
