Una mujer de 45 años fue enviada a prisión preventiva tras ser señalada por ofrecer contratos falsos relacionados con la Línea 3 del Metro de Panamá, logrando captar 242,500 balboas mediante engaños. La imputada, quien simulaba ser arquitecta vinculada a este importante proyecto de infraestructura, fue detenida el 10 de febrero en Arraiján, en Panamá Oeste, y enfrenta múltiples órdenes de aprehensión.
Durante cinco audiencias en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, los jueces dictaron en general medidas cautelares de detención provisional, considerando que los delitos cometidos afectan gravemente el patrimonio y representan riesgos de fuga y peligros sociales. Solo en una audiencia parcial, vinculada a una estafa simple, la imputada recibió una medida de arresto domiciliario, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.
Según investigaciones, la sospechosa contactaba a potenciales inversionistas ofreciéndoles participar en un supuesto proyecto asociado a la Línea 3 del Metro de Panamá, un sistema de transporte masivo proyectado para conectar la ciudad capital con Panamá Oeste, cruzando el Canal en un monorriel elevado de aproximadamente 25 kilómetros. La mujer solicitaba desembolsos económicos para iniciar contratos que nunca se concretaron.
Antes de formalizar cargos, los fiscales legitimaron la captura y formalizaron una imputación por estafa agravada y delitos contra el orden económico, otorgando un plazo de seis meses para completar la investigación. Participaron fiscales de las Secciones Tercera y Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico, abogados querellantes y defensores públicos, con una audiencia de apelación programada para el 26 de febrero en el Tribunal Superior en San Miguelito.
El caso refleja el uso manipulado de la relevancia pública del proyecto de la Línea 3, uno de los más relevantes del país, para sustentar esquemas fraudulentos que se suman a una tendencia creciente de delitos económicos en Panamá. Según datos del Ministerio Público, en 2025 se registraron 6,230 denuncias por estafa y fraudes relacionados, un incremento del 13% respecto a 2024, donde la mayoría, 95.5%, correspondieron a estafas simples.
El delito de estafa simple, tipificado en los artículos 220 y 221 del Código Penal, implica causar daño patrimonial con engaños y puede ser sancionado con hasta cuatro años de prisión, mientras que la estafa agravada, que incluye circunstancias como el uso de relaciones de confianza y daños económicos sustanciales, conlleva penas de cinco a diez años.
Geográficamente, la provincia de Panamá lidera con 3,517 casos, seguida por Panamá Oeste con 783, Chiriquí con 614 y San Miguelito con 308 casos. Aunque la estafa agravada mostró una reducción del 12% en 2025 frente a 2024, la estafa simple aumentó en un 18%, evidenciando que estas modalidades siguen siendo un importante reto para las autoridades.
Adicionalmente, la Fiscalía realiza investigaciones sobre falsificación de certificados de incapacidad y buen estado, como parte de otras diligencias en cursos, en las que se han detenido tres personas. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir investigando y sancionando delitos económicos, destacando la diversidad de modalidades delictivas que afectan el patrimonio y la seguridad jurídica en Panamá.
Mientras la justicia continúa con el proceso contra la sospechosa vinculada a la Línea 3, las investigaciones seguirán bajo la normativa del Sistema Penal Acusatorio, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer la magnitud de los daños económicos cometidos.
