El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú ha abierto a consulta pública una reforma regulatoria que busca cambiar las condiciones para la renovación de concesiones en el sector de telecomunicaciones. La iniciativa tiene como objetivo promover mayor inversión, previsibilidad y expansión de la conectividad, pero implica reducir la influencia del regulador OSIPTEL en los procesos.
Según la Resolución Ministerial N° 063-2026-MTC/01.03, la propuesta propone sustituir el peso que actualmente tiene el historial sancionador, que puede representar hasta un 40% en la evaluación de renovaciones, por criterios basados en solvencia financiera, expansión de red, uso eficiente del espectro y compromisos de inversión.
Hasta ahora, la renovación de concesiones dependía en gran medida del cumplimiento de sanciones, incluidas multas y amonestaciones, lo que generaba incertidumbre para las empresas y dificultaba la inversión en tecnologías emergentes como 5G. La reforma busca alinearse con tendencias internacionales, como en Brasil, Colombia y España, donde la priorización recae en aspectos económicos y de expansión.
El nuevo esquema contempla un régimen dual: uno simplificado para quienes no utilizan espectro y otro regular para los operadores que sí usan espectro, en el que deben acreditar patrimonio, inversión y metas de expansión. Un elemento innovador es la incorporación de Compromisos Obligatorios de Inversión (COI), que obliga a los operadores a invertir el 90% del valor del espectro, principalmente en zonas rurales, con al menos el 75% del monto ejecutado en el primer año.
Asimismo, los operadores podrán solicitar una única prórroga de cinco años para la renovación parcial, flexible y que simplifica trámites mediante plataformas digitales, con el fin de aumentar la transparencia y eficiencia del proceso.
Sin embargo, la propuesta también limita el rol del OSIPTEL, que dejará de decidir sobre los métodos de evaluación y cumplimiento, y solo ofrecerá información a solicitud del MTC, sin capacidad de veto o propuesta de metodologías. La función sancionadora queda en manos del Ejecutivo, quien podrá aplicar multas en casos críticos, eliminando su consideración en la evaluación de renovaciones.
El regulador y expertos como Rodrigo Vaca, gerente legal de CENS y socio de Lex Nova Consultores, consideran que el cambio es positivo, ya que permitirá basar las renovaciones en resultados y compromiso de inversión, en lugar de sanciones pasadas. Además, resaltan que esta reformulación busca mayor predictibilidad en las inversiones a largo plazo.
No obstante, figuras como Rafael Muente Schwarz, expresidente de OSIPTEL, advierten que la reforma puede debilitar el rol sancionador del regulador y afectar el equilibrio entre cumplimiento normativo y protección al usuario. Muente Schwarz señala que las sanciones graves, como negarse a fiscalizaciones o venta ilegal de chips, son fundamentales para mantener la seguridad y la formalidad del sector, y que limitar la función del regulador podría incentivar el incumplimiento.
Expertos coinciden en que la regulación debe buscar un equilibrio entre incentivar la inversión y garantizar mecanismos efectivos de fiscalización y protección del consumidor, resaltando la importancia del rol esencial que ha tenido OSIPTEL en el crecimiento del mercado peruano de telecomunicaciones.
