El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) llevó a cabo un operativo en las primeras horas del fin de semana en las inmediaciones del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, que resultó en la destrucción de una estación clandestina de telecomunicaciones. La intervención tuvo como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y proteger la soberanía del espectro radioeléctrico, y fue liderada por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC).
Utilizando tecnología de geolocalización, los técnicos detectaron que la estación ilegal emitía señal Wi-Fi destinada a facilitar comunicaciones no autorizadas con el exterior desde un cerro cercano al penal, dentro de los 200 metros del perímetro de seguridad, una zona restringida a comunicaciones no reguladas. La operación contó con la colaboración de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes incautaron una antena y equipos de enlace orientados hacia áreas críticas del penal.
El MTC recordó que la instalación y uso de infraestructuras ilegales en el espectro radioeléctrico constituyen infracciones graves, susceptibles a sanciones judiciales y administrativas. La ley considera el uso sin autorización del espectro radioeléctrico como un delito de hurto agravado, con penas de prisión de ocho a nueve años y multas que alcanzan las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), aproximadamente S/ 550,000.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó una requisa en el mismo penal, ordenada por su presidenta encargada, Shadia Valdez Tejada. La operación en el pabellón 2 de mediana seguridad incluyó la revisión exhaustiva y la desconexión de instalaciones eléctricas irregulares, además de la incautación de objetos punzocortantes y más de 20 litros de “chicha canera”. Estos hallazgos evidencian la existencia de dinámicas de informalidad y control paralelo en el penal, que representan un reto constante para las autoridades.
El operativo, desarrollado desde las 22:00 horas, contó con la participación de 25 agentes penitenciarios y personal del INPE bajo la supervisión del director del penal, Oscar Janampa Paz, y el director de la Oficina Regional Lima, Adán Rojas Ruiz. Los internos fueron trasladados al patio durante la inspección, siguiendo los protocolos de seguridad penitenciaria.
La presidenta interina del INPE subrayó que estas acciones son fundamentales para mantener el control y la autoridad en los penales, en línea con la política nacional de lucha contra la criminalidad y las extorsiones que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. El presidente interino, José Jerí, anunció que estas operaciones continuarán en otros establecimientos penitenciarios del país, en un esfuerzo permanente por mejorar la seguridad en los centros de rehabilitación.
