El Perú enfrenta una emergencia energética tras la ruptura del ducto principal de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Cusco, ocurrido el 3 de marzo de 2023, lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas excepcionales para garantizar el suministro de gas natural en Lima y regiones conectadas por el gasoducto de Camisea. La resolución directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, vigente desde esa fecha, prioriza el abastecimiento de gas natural para hogares, comercios regulados y transporte público con vehículos de Gas Natural Vehicular (GNV), suspendiendo la venta de GNV para vehículos menores, incluyendo taxis, autos particulares, mototaxis y vehículos de carga.
El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, informó en entrevista con RPP que, debido a la alta demanda y la interrupción en el flujo desde la planta, algunos surtidores aún cuentan con reservas, pero muchos ya agotaron su stock. En esta emergencia, conductores de taxis y otros transportistas deberán recurrir a la gasolina, dado que la prioridad es el suministro doméstico. Alfaro enfatizó que no se permitirá el incremento de precios en los combustibles y advirtió que Osinergmin y otras autoridades sancionarán cualquier intento de especulación.
El gobierno declaró la emergencia por 14 días, con la posibilidad de extenderla si los trabajos de reparación en el ducto toman más tiempo. Como medida de contingencia, se evalúan opciones como la contratación de tanques de gas o la llegada de un buque con gas natural a Puerto del Callao para abastecer el mercado de forma temporal.
Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda Perú, confirmó a Infobae que la restricción es total para vehículos ligeros, cuya venta de GNV está prohibida durante la emergencia. Datos de la compañía revelan que en Lima y Callao circulan más de 300,000 vehículos duales, que operan con GNV o gasolina, por lo que la interrupción del suministro afectará principalmente a taxistas y pequeños transportistas, quienes deberán afrontar mayores costos debido a que la gasolina resulta más cara.
Cálidda señaló que, pese a la restricción, la mayoría de vehículos ligeros podrán continuar operando con gasolina, aunque a costos mayores, dependiendo de las decisiones de los conductores sobre tarifas. La emergencia también impactó en el sector eléctrico, ya que la interrupción del gas de Camisea provocó la reconversión a diésel en algunas plantas termoeléctricas como Fénix Power y Orygen. Como resultado, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se elevó de USD 30-40/MWh a más de USD 200/MWh, afectando principalmente a clientes industriales.
César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), garantizó que no habrá racionamiento ni apagones, aunque las empresas industriales sentirán el impacto en los costos de energía, debido a la menor disponibilidad de gas para generación.
