El Ministerio Público anunció la reactivación de las fiscalías especializadas en Río Santiago y El Cenepa, ubicadas en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, tras semanas de críticas por el riesgo de impunidad en denuncias de violencia sexual. La medida fue confirmada durante la movilización del 13 de febrero convocada por organizaciones indígenas, que exigían la recuperación del sistema de justicia en el territorio.
Durante la marcha, Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, informó que el Ministerio Público decidió reactivar estas fiscalías especializadas, las cuales fueron desarticuladas semanas atrás por falta de presupuesto. Las unidades, que incluyen la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar de Río Santiago y El Cenepa, dejaron de operar tras el despido de 26 trabajadores contratados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), incluyendo asistentes de fiscalía y personal administrativo.
La eliminación de estas fiscalías generó fuertes cuestionamientos, dado que en Condorcanqui se registran más de 800 denuncias por abuso sexual infantil en investigaciones pendientes. La decisión de reactivarlas fue confirmada por Gilder Zapana Mayta, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, quien explicó que la iniciativa fue tomada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.
Según Zapana Mayta, ambas fiscalías retomarán funciones de forma inmediata y el Ministerio Público está evaluando el regreso del personal despedido. La reposición del personal contratado mediante CAS aún está en proceso de revisión interna.
Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por el cierre, ya que ponía en riesgo la continuidad de investigaciones sobre violencia sexual en una de las provincias con mayor número de denuncias, especialmente contra menores. Además, alertaron que el desmantelamiento afectaba la operatividad de la Cámara Gesell de Condorcanqui, la primera en la provincia, al dejar sin profesionales especializados los procesos de evaluación legal, psicológica y social de víctimas.
Los reportes correspondientes a denuncias por abuso sexual infantil en Condorcanqui muestran niveles elevados: en 2024 se registraron 93 casos, en 2025 fueron 87 y, en lo que va de 2026, ya se reportó al menos un caso adicional. La media mensual de denuncias ronda las seis, una situación considerada crítica por las organizaciones que participaron en la movilización.
La marcha del 13 de febrero fue organizada por el Consejo de Mujeres Awajún Wampis, que denunciaron públicamente la desactivación del sistema de justicia especializado en la región y advirtieron sobre el riesgo de que más de 800 casos queden sin atención judicial. Las organizaciones indígenas exigieron la restitución de las fiscalías, la reintegración del personal especializado y garantías para una atención efectiva a las víctimas.
