El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Edita Vargas, debido a una denuncia presentada por Ciro Ronald Castillo Rojo Salas. La denuncia acusa a Vargas de continuar ejerciendo funciones como máxima autoridad del Gobierno Regional del Callao, pese a contar con un mandato judicial que ordenaba su relevo en el cargo y que permitió a Castillo retomar sus funciones.
Los delitos que se investigan provisionalmente incluyen usurpación agravada de bienes estatales, por despojo de un inmueble público mediante acciones de varios individuos; usurpación de funciones públicas, por continuar en el cargo tras la pérdida de legitimidad; y resistencia a la autoridad, por negarse a acatar órdenes legítimas de la policía. Además, figura Marco Antonio Cabrera Bedoya, testigo clave en el caso contra Castillo.
Este conflicto se originó el 2 de febrero de 2026, cuando Castillo acudió a la sede del Gobierno Regional del Callao, ubicada en la avenida Elmer Faucett, y encontró que Vargas Cerón, quien ejercía un mandato provisional, seguía ejerciendo el poder regional. Personal de seguridad impidió su ingreso sin justificación legal, impedimento que también afectó a ciudadanos que intentaban realizar trámites administrativos, generando la paralización de servicios públicos.
El coronel PNP Carlos Amancio Huachín Godos solicitó que se permitiera el ingreso de Castillo, pero sus órdenes no fueron acatadas por el personal dentro del establecimiento. La fiscalía ordenó la toma de testimonios, la citación de involucrados, revisión de documentación administrativa y grabaciones de seguridad, así como una inspección técnica del inmueble para determinar si se emplearon mecanismos físicos o personal adicional para bloquear el acceso.
Tras reasumir su cargo, Ciro Castillo expresó su malestar por la demora en ingresar a la sede regional, señalando que Vargas obstaculizó su retorno y negó su ingreso pese a la orden judicial. Castillo afirmó que la restitución debió ser inmediata y acusó que la resistencia obedecía a intereses ajenos a la institucionalidad. También rechazó los argumentos de Vargas sobre supuestos riesgos en investigaciones internas y subrayó que cualquier denuncia debe tramitarse ante las autoridades correspondientes.
Castillo defendió la legitimidad de su ejercicio del cargo, señalando que el respaldo judicial y la confianza ciudadana lo respaldan y que su capacidad moral proviene del juzgado que le restituye en funciones. Reiteró su compromiso de atender observaciones administrativas y afirmó que cualquier irregularidad debe ser denunciada ante las instancias competentes.
