La organización de derechos humanos Foro Penal informó que en Venezuela aún hay más de 600 presos políticos, pese a las liberaciones anunciadas por el régimen chavista en las últimas semanas. Además, alertó que algunas de esas excarcelaciones no representan libertades reales, sino traslados a arresto domiciliario o medidas restrictivas. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, confirmó estas cifras en una visita a un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, donde familiares de detenidos realizan una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos.
Romero explicó que, desde el 8 de enero, se han verificado 444 excarcelaciones, en un contexto en el que no todos los casos de personas detenidas por motivos políticos han sido reportados públicamente. El organismo advirtió que el número real de presos políticos es superior, ya que en las últimas semanas se han incorporado casos de personas cuya detención no fue denunciada inicialmente debido a temor a represalias o desconocimiento de su situación.
El Foro Penal también enfatizó que muchas de estas detenciones —sobre todo en protestas o supuestas persecuciones políticas— se realizan sin órdenes judiciales claras, ni notificación formal, y con largos periodos de incomunicación. Además, aclaró que no consideran como excarcelaciones los casos en los que un detenido es trasladado a arresto domiciliario, pues mientras siga bajo alguna medida de privación de libertad, continúa calificándose como preso político.
Entre los casos recientes destaca el del ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado pero reapresado el mismo día por incumplimiento de medidas cautelares. La organización recordó también la situación del abogado Perkins Rocha, bajo arresto domiciliario, en medio de las promesas del gobierno chavista de liberar a "todos" los presos políticos tras la aprobación de una ley de amnistía que aún no ha sido debatida por diferencias internas.
Preocupa además la salud de los detenidos en huelga de hambre en Zona 7, donde familiares denunciaron el deterioro físico y la negativa de las autoridades a permitir atención médica. Yessy Orozco, hermana de Fernando Orozco y familiar de Brayant Orozco, afirmó que las autoridades alegan no contar con autorización judicial para permitir la atención médica y se niegan a que ingrese personal sanitario.
Organizaciones y familiares advirtieron que la falta de atención médica en estos casos representa un riesgo grave e inmediato para la vida de los presos, recordando incidentes anteriores en los que la omisión de asistencia derivó en muertes bajo custodia estatal.
Para Foro Penal, la situación actual revela que la existencia de presos políticos en Venezuela persiste de forma sistemática, con casos en la sombra, uso de medidas alternativas y un control judicial y político que no ha permitido el avance prometido en materia de liberaciones.
