Este 21 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años de la emisión de la Sentencia C-055 de 2022 por parte de la Corte Constitucional de Colombia, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en el país. Desde entonces, diversas organizaciones han informado sobre la implementación de la medida y el acceso a estos servicios.
Según datos proporcionados por Profamilia, en estos cuatro años han sido atendidas 213,895 mujeres y personas gestantes en sus clínicas y centros médicos a nivel nacional. Solo en 2025, la organización realizó 59,532 intervenciones relacionadas con el aborto, de las cuales el 94.5% fueron procedimientos farmacológicos practicados antes de la semana 12 de gestación, en línea con las recomendaciones clínicas para abortos en etapas tempranas.
La despenalización hasta la semana 24 representó un cambio significativo frente al esquema anterior, que permitía abortar únicamente por causales específicas desde 2006. La decisión de 2022 eliminó la necesidad de acreditar dichas causales durante el período establecido.
Profamilia destacó que el acceso a estos servicios no es homogéneo en todas las regiones del país, ya que persisten diferencias territoriales y sociales que afectan la oportunidad de atención, aunque no se presentó un desglose detallado por departamentos. Actualmente, la organización cuenta con 46 clínicas en todo el territorio.
El informe señala que la mayoría de los procedimientos se realizan en fases iniciales del embarazo mediante métodos farmacológicos, en línea con las prácticas clínicas recomendadas. Además, se hizo referencia a sentencias posteriores, como la SU-297 de 2025, donde la Corte reiteró los lineamientos sobre el acceso en diferentes contextos poblacionales.
Profamilia afirmó que la objeción de conciencia es de carácter individual y que las instituciones de salud deben garantizar la prestación del servicio si un profesional se declara objetor. Sin embargo, no entregó cifras específicas sobre este aspecto.
Asimismo, la organización resaltó la importancia de contar con sistemas de información para monitorear la prestación del servicio según territorio, edad y condición socioeconómica. La publicación de datos nacionales consolidados aún no se ha realizado en profundidad más allá de su propia red.
El 21 de febrero se ha consolidado como una fecha de referencia en Colombia para balances y análisis relacionados con la implementación de la sentencia, en un contexto que en 2026 también está marcado por elecciones. La organización reiteró su compromiso de seguir ofreciendo servicios de interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco legal vigente y recordó que dispone de canales de orientación para quienes requieran información.
El balance presentado refleja principalmente las cifras de atención y características de los procedimientos de Profamilia, sin proyecciones sobre futuras demandas ni comparaciones con periodos anteriores a la despenalización. La mayoría de estos abortos en lugares autorizados ayuda a evitar que las mujeres recurran a sitios ilegales, reduciendo riesgos para su vida.
