La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra diversos apartados del Decreto 1886 de 2015, el Decreto 944 de 2022 y la Resolución 2400 de 1979, alegando que estas normativas imponen requisitos que no están previstos en la ley y que dificultan la actividad minera en Colombia. La denuncia fue publicada inicialmente a través de su cuenta en la red social X, donde expresó que esas disposiciones generan barreras injustificadas y trasladan estándares extranjeros sin sustento jurídico.
En la demanda, presentada en marzo de 2026 en Bogotá, Cabal solicita la nulidad de segmentos específicos relacionados con la verificación, calibración y mantenimiento de equipos de detección de gases en labores mineras subterráneas, así como de los valores límite de exposición establecidos en 1979. Entre los artículos demandados se encuentran el artículo 7 del Decreto 1886 de 2015 —modificado por el Decreto 944 de 2022— y apartados de su artículo 11, que exigen certificación exclusiva por técnicos autorizados del proveedor, además de personal certificado para mantenimiento y calibración, y la interpretación indeterminada de ciertos gases contaminantes.
También se cuestiona la incorporación, a través de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo, de los valores límites de exposición (TLV) recomendados por la Asociación Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), considerándolos inapropiados para su obligatoriedad en Colombia. La demanda asegura que estos estándares, adoptados como norma legal, delegan en un organismo privado extranjero la definición de parámetros reguladores en un contexto nacional.
Según la denuncia, las reglas impuestas restringen el uso de detectores de gases con certificación internacional y limitan la capacidad de respuesta inmediata ante riesgos, al restringir quién puede certificar y calibrar estos equipos. La petición también señala que la imposición de estándares extranjeros sin regulación interna vulnera el artículo 84 de la Constitución Política, que prohíbe exigir permisos o requisitos adicionales a los establecidos por ley, en particular la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).
El documento denuncia que, en la práctica, las obligaciones adicionales afectan la libertad de ejercicio de las actividades mineras y la utilización de ciertos equipos internacionales en Colombia. La decisión final sobre la admisión de la demanda y el fondo de las pretensiones será determinada por el Consejo de Estado, que evaluará si estos requisitos violan el marco legal vigente para la actividad minera en el país.
